Rajoy responde a la independencia con elecciones catalanas el 21-D

La declaración de independencia se aprobó con la mitad de los parlamentarios catalanes después de que Ciudadanos, PSC y PP abandonaran la Cámara. / EFE

Asume las competencias de Puigdemont y disuelve el Parlament para que se vote en dos meses

RAMÓN GORRIARÁN

Mariano Rajoy descargó un puñetazo en la mesa y respondió a la declaración de independencia aprobada por el Parlament con una convocatoria de elecciones en Cataluña el 21 de diciembre. Un golpe de efecto conocido por muy pocos y que cogió por sorpresa al Govern de Carles Puigdemont, reunido en ese momento en el Palau de la Generalitat para diseñar la estrategia frente al plan de intervención de su autogobierno. El júbilo soberanista por la segregación dio paso a la estupefacción ante una reacción que no entraba en ninguno de los escenarios que manejaba el Gobierno catalán y el movimiento separatista.

El jefe del Ejecutivo no tardó ni un minuto en ejercer su competencia de máxima autoridad de Cataluña tras la destitución de Carles Puigdemont y, después del Consejo de Ministros extraordinario que aprobó las medidas para intervenir la Generalitat, disolvió el Parlament para convocar elecciones «libres, limpias y legales, que puedan restaurar la democracia» en Cataluña cuatro días antes de Navidad. Una decisión llevada en secreto y que solo conocían su círculo más cercano, el líder del PSOE, una confianza en Pedro Sánchez que da una idea del grado de complicidad que han tejido en las últimas semanas, y el de Ciudadanos, Albert Rivera.

Fue el colofón a una nueva jornada frenética, en la que con un intervalo de 43 minutos el Parlamento de Cataluña y el Senado de España tomaron ayer dos decisiones que se recogerán, estas sí, en los anales de la historia. La Cámara catalana, con el único apoyo de los separatistas, alumbró «la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». El Senado aprobó por primera vez en la historia, y con la aplastante mayoría de PP y PSOE, el plan de intervención de la Generalitat que materializó horas después el Consejo de Ministros.

Pero faltaba el broche final, la exhibición de autoridad, según Rajoy, frente a «los partidarios de cuanto peor mejor, los que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida». La leyenda que corre de que el líder del PP es un político aferrado a que el transcurso del tiempo solucione los problemas o de que es remiso a tomar decisiones drásticas sufrió ayer un duro golpe. «Adoptamos estas medidas para evitar que la Generalitat pueda seguir dando pasos en su escalada de desobediencia y agresión a la Constitución y a la convivencia en Cataluña», justificó.

El presidente del Gobierno se cuidó de precisar que con su enérgica respuesta «ni interviene» ni «recorta» el autogobierno de Cataluña, unas palabras que en absoluto compartieron en el Palau de la Generalitat ni en el PDeCAT y Esquerra, donde se consideró que era «una injerencia inadmisible», denunció un diputado cercano a Puigdemont.

Pero el Gobierno catalán carece ahora de resortes jurídicos para tratar de anular la decisión de Rajoy una vez que todos sus miembros han sido destituidos y el Parlament, disuelto. Ni el Ejecutivo ni la Cámara catalanes pueden recurrir al Constitucional ni a otro tribunal ni a la Junta Electoral Central.

El presidente sólo había comunicado a Sánchez y Rivera la decisión de convocar comicios Golpe de efecto

Las fuerzas soberanistas se plantean ahora si se presentan a esos comicios. Hay argumentos a favor y en contra del boicot, y mientras los contrarios a competir en las urnas arguyen que así se restaría legitimidad al Parlament que salga elegido, los partidarios de concurrir defienden que no se puede enterrar el proyecto soberanista y dejar toda la Cámara en manos de los partidos constitucionalistas.

Silencio en el Palau

El Ejecutivo de Puigdemont calló y no dio una respuesta ni a su destitución colectiva ni a la convocatoria electoral. Tras la reunión informal que mantuvo con sus consejeros en el Palau de la Generalitat, el president salió por una puerta lateral y enfiló, todavía en su coche oficial, rumbo a su domicilio en Girona. Su marcha desmintió los rumores que corrieron durante el día de un atrincheramiento épico en las dependencias oficiales mientras la plaza de Sant Jaume estaba blindada por una multitud que rodeaba la sede de la Presidencia de la Generalitat. La gente estuvo en su sitio, el presidente, no.

Se cerraban así otras 24 horas de sobresaltos. Ni el Gobierno de Puigdemont ni las fuerzas soberanistas quisieron darse por enterados anoche del despido ni de la convocatoria electoral. La jornada iba a ser una fiesta para poco más de la mitad de los parlamentarios del Parque de la Ciudadela de la capital catalana, mientras todo lo contrario acaecía en el edificio de la madrileña plaza de la Marina Española. Las tornas cambiarían horas después.

La Generalitat carece ahora de resortes jurídicos para anular la cita electoral; apenas le queda el boicot Todos sus miembros destituidos

El soberanismo se jactó tras la votación del Parlamento de su éxito político, pero aceptaba en privado que no se trataba, en puridad, de la independencia de Cataluña aunque la imprecisión del lenguaje haya elevado a esa categoría la apertura del proceso constituyente hacia la república catalana. Saben que han aprobado un deseo que dista mucho de ser una realidad, sobre todo tras las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.

El expresidente Artur Mas, y lo suscriben muchos en las filas de la secesión, ya avisó que declarar la independencia es la nada si ningún país te reconoce ni tienes el control del territorio ni posees una estructura estatal. Tres requisitos que Cataluña incumple de cabo a rabo, y que todo apunta a que será imposible que los satisfaga después de la respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

LAS MEDIDAS DEL ARTÍCULO 155

Destitución de Puigdemont
El primero de los decretos del Ejecutivo central contempla el cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Destitución del Govern
El segundo decreto recoge el cese de su vicepresidente Oriol Junqueras y del resto de miembros del Ejecutivo catalán, que no incluye al exconsejero de Empresa Santi Vila después de que renunciara anteayer a su cargo tras dinamitarse los puentes entre Madrid y Barcelona y cerrarse la puerta a elecciones.
Asunción de competencias
A ellos se suma un tercero, por el que se fija que los ministerios pasarán a dirigir la Administración catalana y asumirán las competencias respectivas de cada consejería. El acuerdo del 155 contempla la posibilidad de que los empleados de la Generalitat se nieguen a acatar las órdenes de los nuevos gestores y por eso advierte de que el incumplimiento «podría ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria» y que esa situación puede tener, incluso, consecuencias penales. Las sanciones a las funcionarios díscolos se tramitarán de forma exprés, según el acuerdo del Senado.
Convocatoria de elecciones
La quinta medida es la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones para el día 21 de diciembre. De esta manera el Gobierno de Rajoy opta por un 155 breve que apenas durará 54 días, los que establece la ley entre la disolución de la Cámara y la apertura de las urnas.

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