Puigdemont y varios exconsellers plantan a la jueza y exigen declarar desde Bruselas

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, minutos antes de la conferencia de prensa que dio el pasado martes en Bruselas/Reuters
El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, minutos antes de la conferencia de prensa que dio el pasado martes en Bruselas / Reuters

El abogado belga que les asesora seguirá la misma táctica usada en los casos de ETA

ADOLFO LORENTECORRESPONSAL. BRUSELAS

Carles Puigdemont y varios de sus consellers plantarán hoy a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que ha citado a las 9.00 horas de la mañana para tomarles declaración a los 14 miembros del Gobierno catalán suspendido tras la aplicación del artículo 155. El expresident emitió a última hora de ayer un comunicado -firmado como máximo responsable del «Govern legítimo»- en el que confirmó que no viajará de vuelta a España, como tampoco lo harán los miembros de su Ejecutivo que le acompañan en Bélgica. En principio, se trataría de Clara Ponsatí, Antoni Comín, Meritxell Borrás y Meritxell Serret, después de que Joaquín Forn y Dolors Bassa regresaran por sorpresa en la noche del martes. El president, sin embargo, no especificó en la nota quiénes son las personas que permanecen a su lado. Sí se personarán en la Audiencia Nacional el resto de exconsellers, con el exvicepresident Oriol Junqueras a la cabeza. Todos ellos acusados de un presunto delito de rebelión.

Pero el foco no solo estará en Madrid. Los dirigentes que permanecen en Bruselas exigen prestar declaración por videoconferencia desde su ‘exilio’ en la capital de la UE, petición a la que se opone la Fiscalía de la Audiencia Nacional. «En ningún caso -sostiene el texto difundido anoche por Puigdemont- los consellers y el president que se quedan en Bruselas contemplan eludir la justicia, sino que justamente la reclaman, y responderán a las citaciones (...) de acuerdo con los mecanismos que ya están previstos». El expresident insiste en ese comunicado en que él y los otros exconsellers permanecerán lejos de España «para denunciar ante la comunidad internacional este juicio político y para emplazar a Europa a afrontar una solución dialogada al conflicto».

Lo harán a través del bufete del abogado Paul Bekaert. La estrategia es sencilla: embarrar el terreno de juego y apostar por el cuanto peor, mejor. «Es posible porque ya lo he hecho en el pasado», zanjó el histórico letrado de miembros de ETA cuando se le preguntó ayer sobre la posibilidad de que los procesados pidan declarar por videoconferencia, y si España reclama su extradición, se opondrán a ella.

Caótica desinformación

El quinto día de la autoproclamada república catalana volvió a ser la mejor metáfora del discurrir del ‘procés’ en las últimas semanas. Fue una jornada caótica de desinformación persiguiendo sombras. En torno a las diez de la mañana, se filtró la idea de que Puigdemont comparecería en Gante a mediodía. Alertas, urgentes... Agua. No hubo gran cosa... excepto un mensaje en Twitter en el que el expresident llamaba a la «resistencia» del pueblo catalán. Luego llegaría el comunicado de la noche.

Ahora todo depende de la decisión de la jueza Lamela, si acepta la videoconferencia o si la rechaza y ordena su arresto por incomparecencia. Este es el escenario más factible y sobre el que Bekaert ha diseñado siempre su tradicional estrategia en contra de la justicia española en casos de terroristas de ETA. Buscar las aristas entre los sistemas judiciales de España y Bélgica para evitar la entrega de sus defendidos alegando, ‘grosso modo’, que no tendrán un juicio justo porque sus derechos fundamentales serán vulnerados.

«Hay muchas posibilidades de que lo detengan, así que mi cliente está esperando a ver cuál es la reacción del Estado español y cómo se desarrollan los acontecimientos. De momento y por decirlo de algún modo, el gato sigue en el árbol», explicó el abogado flamenco, de 68 años, en medios locales.

Si al final la jueza decide hoy prisión provisional para Puigdemont y sus ‘consellers en el exilio’, se debería tramitar una orden de detención y entrega europea, la llamada euroorden, para que las autoridades belgas les arresten. Así será. En este hipotético caso, serán detenidos por la Policía española o por la belga, porque así se contempla en el protocolo judicial que rige en la UE. La clave es el traslado a España, la extradición, y aquí es donde Bekaert quiere jugar su partida.

La última palabra la tiene un magistrado y en Bélgica son especialmente garantistas. El proceso de extradición dura «en torno a 60 días de media», pero dependerá de los ritmos de la justicia, ya que la decisión es recurrible a instancias superiores.

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