Puigdemont renuncia a convocar elecciones y no frena la aplicación del 155

El president se lavó las manos. Fue el colofón a una frenética jornada de anuncios y desmentidos, conversaciones y amenazas, aplazamientos e incertidumbre. Nunca se había visto que en seis horas, desde las once y cuarto de la mañana a las cinco y cuarto de la tarde, se pasara de un escenario electoral, al que hasta se llegó a poner la fecha del 20 de diciembre, a uno de consumación de la secesión. En su breve mensaje institucional desde el Palau de la Generalitat subrayó que había estado «dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad», pero no consiguió «ninguna de estas garantías».

La alternativa de los comicios a decir verdad nunca salió de su boca ni de sus más estrechos colaboradores. No estaba en sus planes. Solo a partir del pasado martes empezó a tomar cuerpo alentada por algunos de sus consejeros, el expresidente Artur Mas, el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ofició de discreto mediador, organismos europeos, entidades financieras y empresariales y los principales periódicos catalanes. Pero se fue por el sumidero.

Puigdemont supeditó esa solución a que Rajoy se comprometiera a dejar en papel mojado el plan de intervención de la Generalitat que aprobó el Consejo de Ministros el pasado sábado al abrigo del artículo 155 de la Constitución. Condición que Puigdemont se cuidó mucho de desvelar en su breve mensaje institucional y prefirió poner el acento en «la actitud vengativa» del Gobierno central. El objetivo era acumular toda la responsabilidad de que no hubiera elecciones en La Moncloa y obviar sus dudas y su cambio de opinión.

En la Presidencia del Gobierno negaron que Puigdemont se hubiera dirigido a Rajoy para reclamar esas «garantías». «Nadie de la Generalitat ha llamado a La Moncloa», señaló un portavoz oficial, aunque dijo desconocer si había existido una mediación de terceros. Haya existido comunicación o no, Rajoy tenía claro que no podía permitir un proceso electoral con las reglas de Puigdemont, como si no hubiera pasado nada en las últimas semanas. Unos comicios con los medios de comunicación públicos de Cataluña volcados con el independentismo y con un clima hostil en la calle hacia los no soberanistas no eran el escenario «normalizado» que reclama el Gobierno central para votar.

Entre los independentistas y desde la Generalitat se asegura, en cambio, que existió el contacto con La Moncloa y que, además de la desactivación del artículo 155, se exigió la puesta en libertad de los líderes de la ANC y Òmnium, así como la retirada de los efectivos de la Policía y la Guardia Civil desplazados a Cataluña y que la Fiscalía investigase su actuación el 1 de octubre. Unas condiciones que Puigdemont ya puso sobre la mesa en una de las cartas que escribió a Rajoy la semana pasada y que no pasaron el umbral de la lectura.

En el Gobierno existe un escepticismo absoluto sobre el súbito furor electoral del presidente de la Generalitat. «No ha pasado nada relevante. Solo ha habido ruido», comentó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Senado durante el debate sobre la aplicación del 155. Consideran que todo es una argucia de Puigdemont para traspasar a Rajoy el papel del que se niega a dialogar.

El president evitó en su intervención hablar de la resistencia interna, solo repartió culpas en dirección a La Moncloa, pero si en algún momento tuvo intención de convocar elecciones desistió al comprobar la beligerante reacción del mundo independentista. Dimitieron diputados y alcaldes de su partido, el PDeCAT; Esquerra, a pesar de que el escenario electoral es el más atractivo para sus intereses, amenazó con abandonar el Govern; la CUP amenazó con una movilización callejera permanente, que fue secundada por la ANC y Òmnium; los estudiantes se instalaron ante el Palau de la Generalitat para exigir independencia; la sede del PDeCAT en Barcelona se vio rodeada de secesionistas para exigir ni un paso atrás. Todo el entramado se tambaleaba. Era una solución a la crisis propugnada por ‘botiflers’ (traidores), denunció la formación anticapitalista, obsesionada en ver la larga mano de Artur Mas detrás de todo movimiento conciliador.

En vista de la situación, Puigdemont, tras aplazar dos veces la convocatoria de las elecciones, arrojó al cesto de los papeles su primer mensaje institucional y redactó casi en soledad otro. En su comparecencia de la tarde en la Galería Gótica del Palau solo estuvo acompañado por tres incondicionales, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Form. Ni su vicepresidente, Oriol Junqueras, ni un solo consejero de Esquerra ni tampoco del sector posibilista del PDeCAT, como Santi Vila -que dimitió anoche- o Meritxell Borràs, arroparon al presidente de la Generalitat.

«Ahora -dijo Puigdemont- corresponde al Parlament proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias de la aplicación contra Catalunya del artículo 155». Traducción, será la Cámara catalana la que asumirá hoy la declaración de independencia, probablemente con la aprobación de una resolución en el pleno monográfico. El portavoz del PDeCAT en el Parlament, Lluís Corominas, recogió el guante: «Mañana (por hoy) terminaremos fijando el rumbo de nuestro país».