Un puenteo imposible

La ‘carta a Juncker’ del lehendakari es un favor inmerecido al independentismo catalán que no beneficia en nada a Euskadi

Un puenteo imposible
Kepa Aulestia
KEPA AULESTIA

La propuesta que el Gobierno Urkullu tiene intención de remitir a Jean-Claude Juncker para ‘el futuro de Europa’, solicitando que la normativa de la UE contemple una ‘ley de claridad’ que propicie la celebración de consultas «de manera legal y pactada», y que permita a las regiones que opten por separarse de un Estado miembro pasar a ser integrantes de la Unión, refleja un sinfín de contradicciones que el Ejecutivo vasco debería tener en cuenta antes de formalizar una iniciativa que no responde a requerimiento alguno de Bruselas.

Resulta contradictorio que la iniciativa entre de lleno en los trabajos que desarrolla la ponencia parlamentaria sobre el autogobierno, cuando el lehendakari Urkullu continúa resistiéndose a someter su propio proyecto de reforma del Estatuto a la consideración de la Cámara de Vitoria. El contenido del documento que se pretende remitir a Juncker demuestra que se trata de una renuncia formal o de procedimiento. Por lo que Urkullu tampoco podrá librarse en adelante de eventuales requerimientos políticos para que tercie en el debate, arriesgando una propuesta de actualización y ampliación del marco de autogobierno. Se da, además, la circunstancia de que, siendo un gobierno de coalición, los tres consejeros socialistas no hacen suya la iniciativa; lo que suscita aún más preguntas sobre la intención y el sentido de la misma.

La anunciada ‘carta a Juncker’ cuenta, de antemano, con una respuesta inmediata por parte de Bruselas; cual es la necesidad de que el Gobierno Urkullu desbroce previamente el terreno constitucional para dar cabida a sus vindicaciones en el marco español. No solo porque las instituciones de la UE en ningún caso darán carta de naturaleza a procesos plebiscitarios que pudieran seccionar los Estados miembro, como si se tratara de una bendición ‘urbi et orbi’. Está, además, en la lógica de las cosas que Euskadi clarifique las claves de su engarce en el Estado constitucional o de su relación con el resto de España, antes de ni siquiera sugerir una habilitación de ámbito europeo para hacer efectivo, vía referéndum, el derecho de decisión como bien colectivo. Ocurre, por otra parte, que la bilateralidad pretendida respecto al poder central resulta incompatible con el ejercicio del puenteo con Bruselas. Se trata de una cuestión que revela las paradojas del nacionalismo gobernante desde hará pronto cuarenta años, nada menos. Ese ‘péndulo patriótico’ que oscila entre obtener los mayores réditos de la falta de una mayoría parlamentaria estable en las Cortes, mientras a efectos domésticos intenta ningunear a Madrid simulando que mantiene hilo directo con Bruselas.

La periódica reclamación del derecho de decisión invita a preguntarse sobre cuál es el objetivo último de quienes lo propugnan. Porque no vale formular el principio, como fundamento democrático, sin revelar para qué se quiere emplear su ejercicio. Una sociedad plural y compleja no puede verse reducida a un desenlace binario de su futuro, en términos de independencia o no de la propia comunidad política. Son muchas las preguntas que requerirían respuesta. Así lo ha entendido la CUP al reclamar la «multiconsulta»; la posibilidad de que ciudadanas y ciudadanos pudieran pronunciarse sobre un sinfín de cuestiones. Imaginemos una directiva europea que sometiera la democracia representativa a una sucesión interminable de consultas populares a modo de encuesta ómnibus. Ninguna institución de la democracia representativa debería engendrar un régimen plebiscitario que decante el futuro de manera maniquea e irreversible.

La formalización de la idea que el lehendakari Urkullu había mencionado en distintas ocasiones coincide con la salida a la luz del enésimo proyecto para hacer de la Cataluña autonómica una república independiente. Como resultado, claro está, de las negociaciones que se traen entre manos los secesionistas de reducido espectro. El ensimismamiento independentista ha llegado a tal extremo que esta vez se trata de conseguir los votos de la CUP -aunque todavía no se sepa para qué-, de modo que Puigdemont y sus consejeros en el autoexilio no se vean conminados a renunciar a sus respectivos escaños. La ‘carta a Juncker’ es un favor inmerecido a la deriva secesionista en Cataluña.

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