¿Qué le puede pasar a Puigdemont por negarse a declarar?

¿Qué le puede pasar a Puigdemont por negarse a declarar?

SONIA GONZÁLEZ

El destituido presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha negado a comparacer este jueves ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía General del estado contra él y sus 13 exconsejeros por los presuntos delitos de rebelión –castigado hasta con 30 años de cárcel-, sedición y malversación de caudales públicos, entre otros. Todos ellos, relacionados con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, votada el 27 de octubre en el Parlamento autonómico, tras el referéndum ilegal organizado el día 1 de ese mismo mes.

¿Qué consecuencias puede acarrear a Puigdemont y a cuatro de sus exconsejeros hacer caso omiso a esa citación judicial?

La jueza podría dictar un auto con una orden de detención e ingreso en prisión.

-En tal supuesto, previa solicitud de la Fiscalía, la Justicia española podría activar una orden europea de detención, un procedimiento que sustituye a las antiguas órdenes de extradición en los países de la UE.

-Esa orden sería entregada al Cuerpo Nacional de Policía, que en este caso la haría llegar a las fuerzas de seguridad belgas a través de los mecanismos de cooperación establecidos en el espacio Schengen.

-Tras ese paso, la Policía belga procedería a la detención de las personas buscadas, que serían puestas a disposición de un juez de ese país encargado de estudiar su entrega a España. La decisión final sería adoptada en un plazo aproximado de dos meses.

Este procedimiento, simple en apariencia, puede tropezar con algunos obstáculos que dilaten los plazos e, incluso, acaben por frustrar la entrega. Entre ellos figuran los siguientes:

-Que el juez reclamante no haya agotado los mecanismos posibles para tomar declaración a los investigados. Por ejemplo, la videoconferencia. Sin embargo, algunos juristas apuntan que en delitos tan graves como el de rebelión ese argumento tiene escaso recorrido.

-También podría alegarse que la rebelión no figura en la lista de 32 delitos que la normativa europea que regula estas operaciones establece como exentos de 'control de la doble tipificación'; es decir, que esté recogido en los códigos penales de los dos estados afectados. La legislación belga define la rebelión de una forma ligeramente distinta a la española, donde es un tipo penal sujeto a diversas interpretaciones. Esa situación deja un cierto margen a los jueces belgas para, llegado el caso, entrar en el fondo del asunto y determinar si, en función de las normas vigentes en su país, el comportamiento de Puigdemont y de los exconsejeros que han huido con él a Bélgica es perseguible penalmente. Si el juez encargado de tramitar a la entrega la aprueba, los afectados tienen la opción de apelar en segunda instancia.

-La regulación de las órdenes europeas de detención se basa en el 'elevado' nivel de confianza existente entre los socios de la UE y en que las resoluciones judiciales dictadas por un país son recopnocidas por los demás. Sin embargo, el expresidente de la Generalitat y sus exconsejeros podrían alegar –así lo ha dejado entrever Puigdemont en varias comparecencias- el temor a que sus derechos fundamentales no sean respetados en España. De ahí su insistencia en hablar de «juicios políticos» y de intentar cuestionar la independencia de la Justicia. La normativa en vigor desde 2002 permite esa posibilidad, que sirvió para que Bélgica paralizara en su día la entrega a España de varios miembros de ETA.

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