Prudencia estatutaria

El PNV tiene por delante año y medio para decidir si quiere un nuevo Estatuto que amplíe y blinde el autogobierno o si va al fracaso en busca de un imposible: lograr el mal llamado derecho a decidir y una relación confederal con España

Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu./
Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu.
ALBERTO AYALA

Cinco años después, el proceso para que Euskadi tenga un nuevo Estatuto que sustituya al de Gernika va a dejar atrás en pocas semanas los preámbulos para adentrarse poco a poco en la fase decisoria. Decisoria no quiere decir inmediata. Sería una sorpresa mayúscula que las conversaciones cristalizaran en Euskadi antes de las elecciones municipales y forales de la primavera de 2019. En caso de acuerdo aquí, luego quedaría la negociación con Madrid.

¿Por qué un período tan dilatado por delante? Fundamentalmente por cuatro razones. Porque primero hay que dotarse de un texto base sobre el que discutir. Por la propia complejidad del asunto. Porque el fallido desafío del independentismo catalán al Estado dibuja a corto plazo un escenario político, e incluso de opinión pública, cualquier cosa menos permeable a demandas nacionalistas. Y porque la antesala de unas elecciones tan importantes en Euskadi como son las municipales y forales dentro de año y medio es el momento menos propicio para que un ‘partido-río’ como el PNV -que se disputa votos con el PP, con EH Bildu y con el PSE- destape sus cartas y se alinee con claridad en un solo punto del tablero vasco.

La gran pregunta, ahora y cuando los jeltzales pusieron en marcha el proceso, no ha variado. Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu, Urkullu y Ortuzar han abierto el melón del nuevo estatus ¿para lograr nuevas cotas de autogobierno y blindarlo o para intentar lograr el mal llamado derecho a decidir -que nadie reconoce- y asentar una relación confederal con España, que cosecharía el mismo fracaso que Juan José Ibarretxe en su día?

Nada más repetir en su cargo el lehendakari garantizó que, a diferencia del soberanismo catalán, la vía vasca, las demandas políticas que el PNV quiere ver plasmadas en el nuevo Estatuto conforman un proyecto «para convivir con España, no para romper». Veremos qué resultados arrojan las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Si el secesionismo vuelve a agruparse para retomar el desafío o si se forma un nuevo Gobierno en clave izquierda-derecha, por ejemplo presidido por ERC. Y si Mariano Rajoy cumple el doble compromiso contraído con Ciudadanos -para lograr su voto en la investidura- y con el PSOE -a cambio de su apoyo a aplicar el 155- de abrirse a una reforma de la Constitución, y qué aporta dicha reforma.

El PNV y sus dos líderes gozan en este momento de eso que se llama ‘buena prensa’ en Madrid. Además son habituales los guiños que les dedica el Gobierno Rajoy, guiños cualquier cosa menos desinteresados. Lo primero es consecuencia de la prudencia jeltzale ante el desafío secesionista del soberanismo catalán y su negativa a atender las continuas exigencias de la izquierda abertzale para abrir en Euskadi un segundo frente y romper el Estado. Lo segundo, de la precariedad parlamentaria del Ejecutivo del PP que depende de los votos peneuvistas.

Diferencias internas

Pero a un sector de la afiliación del PNV -mayoritario en Gipuzkoa y parece que minoritario en el resto, aunque esto no es una certeza inmutable- no ha terminado de gustarle la calculada frialdad de su partido, y en especial del lehendakari, ante el órdago catalán, su distanciamiento e incluso su mediación, que tan buenos réditos electorales les da luego. El mismo que cree que el nuevo Estatuto debe incluir el derecho del pueblo vasco a separarse de España.

Su voz se viene dejando oír en los órganos internos del PNV. Nada extraño, pues, que esta semana, en la penúltima reunión de la ponencia (grupo de trabajo) de autogobierno del Parlamento vasco, el partido de Ortuzar uniera sus votos a un Elkarrekin Podemos a punto de estrenar líder y, sobre todo, a la izquierda abertzale de Arnaldo Otegi para aprobar que el denominado derecho a decidir se debata sin subterfugios junto a las restantes cuestiones en las discusiones para alumbrar un nuevo Estatuto.

Ello por más que el conflicto catalán haya supuesto una tremenda ducha de agua helada para los nacionalismos europeos. No se trata solo de que ningún Estado haya reconocido a la ‘non nata’ república catalana del huido Carles Puigdemont. Es que todas las instituciones de la Unión han dejado claro, clarísimo, que no están por abrir la puerta a ningún nuevo Estado desgajado de otro para evitar el riesgo de que pudiera extenderse el ejemplo.

Conforme evolucionen los acontecimientos y se despejen incógnitas, el PNV deberá elegir camino y socios. En la medida en que encuentre argumentos políticos que le sirvan para vender que el viaje al nuevo Estatuto ha sido útil será más fácil que continúe en la moderación. De lo contrario aumentarán las incógnitas y, sin duda, el debate interno.

El PSE de Idoia Mendia -como el PSOE de Pedro Sánchez- le aguardan para lo primero. Eso supone, hoy por hoy, renunciar al derecho a decidir y a celebrar una consulta habilitante cuando acabe la negociación del nuevo Estatuto en el Parlamento vasco, como quiere el PNV, con el fin de fortalecer la posición de los negociadores vascos en Madrid, y evitar eventuales recortes. EH Bildu, claro, para lo segundo. Aunque en la izquierda abertzale pocos, casi nadie, creen que tal situación vaya a darse. Elkarrekin Podemos parece llamado a ser el socio peneuvista casi en cualquier circunstancia.

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