Pretensión fraudulenta

Tanto la intención de C’s de impedir el voto delegado como la voluntad de Puigdemont de ser investido desde Bruselas carecen de sentido

Pretensión fraudulenta
Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

El miércoles quedó constituido el nuevo Parlament y se eligió presidente a Roger Torrent. Obtuvo 65 votos, entre los que se incluian los votos delegados de tres diputados en prisión preventiva y faltaban cinco votos más de los diputados que se encuentran autoexiliados en Bruselas.

Ciudadanos aspiraba también a la presidencia y lo quería conseguir a mi juicio de manera fraudulenta, alterando la composición del Parlament surgido de las elecciones del 21-D. Para lograr su pretensión Inés Arrimadas necesitaba que se cumplieran tres requisitos. Primero, que su candidato tuviera el apoyo de los 57 parlamentarios de C’s y PSC y PP. Segundo, que los ocho diputados de los comunes se vieran obligados a apoyarlo. Tercero, que la Mesa de edad rechazara todo tipo de solicitud de voto delegado de los diputados ausentes. Los dos primeros requisitos son legítimos y forman parte de la dialéctica de colaboración y confrontación entre los grupos. Sin embargo, perseguir la tercera condición merece una reflexión de orden jurídico, pues puede afectar a los derechos fundamentales de los diputados elegidos.

Tras las votaciones hay que decir que Ciudadanos fracasó estrepitosamente. De los 57 diputados iniciales, se descolgó un parlamentario anónimo disidente con lo que la operación resultaba ya imposible. Los comunes expresaron con rotundidad su negativa. Tampoco tuvo éxito la prohibición del voto delegado, porque se aceptó la solicitud formulada por los tres diputados en prisión provisional para disgusto no disimulado de Inés Arrimadas y Xabier García Albiol.

La pretensión de Ciudadanos era muy grave, pues quería acceder a la Presidencia del Parlament eliminando los derechos parlamentarios de los diputados que están en prisión provisional y el juez instructor les negó su solicitud de poder acudir a la sesión parlamentaria. Ciudadanos lo quería todo; que no se les excarcelara por el juez Llarena y que tampoco se les autorizara el voto delegado. ¿Cómo se garantizan sus derechos? No hay respuesta razonable, porque lo que se pretendía era conseguir la presidencia alterando de facto la composición del Parlament.

Algunos autores entienden que la decisión sobre el voto delegado es ilegal y que por ello el Gobierno debería impugnarla al Constitucional. Seguramente la aplicación del ‘voto delegado’ a los supuestos de los diputados presos vulnere el reglamento del Parlament. Pero no por ello dicha decisión deviene en inconstitucional, pues en tal caso el artículo 93 del actual reglamento sería inconstitucional porque institucionaliza la figura del voto delegado. La impugnación al Constitucional no podría fundamentarse en la ilegalidad de la decisión sino en su inconstitucionalidad, pues para el control de la legalidad ordinaria no está el TC, sino para la protección de los principios y valores constitucionales.

¿Cuál es el precepto y/o principio constitucional que se infringe con el voto delegado? Esa es la cuestión a determinar para poder efectuar un juicio de constitucionalidad. Porque dejando a un lado la reflexión jurídica, si se aplica el sentido común nos parecerá razonable que se arbitre algún medio para que los diputados en prisión preventiva puedan ejercer sus derechos parlamentarios. Sin embargo, aplicando el mismo sentido común, no sería responsable ni serio que un diputado en Bruselas se postulase como candidato a la Presidencia de la Generalitat. No solo por respeto al debate de investidura, sino sobre todo por respeto al pueblo de Cataluña y a lo que representa la Generalitat.

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