La Policía francesa no ve signos de disolución de ETA ni de vuelta a la violencia

En su comparecencia como testigo bajo juramento, el oficial expuso al Tribunal Especial de lo Criminal que el pasado 8 de abril, fecha conocida como Día del Desarme, ETA «entregó una parte de su arsenal» depositado en ocho emplazamientos del País Vasco francés y el Béarn comunicados a las autoridades por mediación del colectivo Artesanos de la Paz. «Queda una parte del arsenal militar por recuperar aunque se presenta como una organización desarmada», puntualizó.

A preguntas del juez Stéphane Duchemin, presidente del tribunal, el mando policial afirmó que sigue sin aparecer «el 20%» de las 400 armas cortas sustraídas en octubre de 2006 en una armería de Vauvert, cerca de Nîmes. También dijo que de otros robos faltan sustancias explosivas, como el combustible líquido nitrometano, y material para falsificar carnés de identidad. «No disponemos de cifra precisa de militantes pero 'a priori' hay un pequeño número de clandestinos», apuntó.

Hury, destinado en la Subdirección Antiterrorista (SDAT), observó en su exposición que «ETA no ha dado signos tangibles en cuanto a su autodisolución». Luego, a pregunta de la defensa, indicó que «no hay ninguna señal que dé a pensar en una reanudación de la lucha armada».

El testigo situó el robo juzgado poco después de la ruptura oficial por ETA el 6 de junio de 2007 de la tregua declarada en 2006, dinamitada en la práctica a finales de ese año por el atentado en la T-4 de Barajas. El atraco se produjo el 26 de junio de 2007 en los almacenes de la empresa Horizon Vertical en Bischoffsheim (Alsacia) de donde los asaltantes se llevaron 108 kilos de combustible sólido apto para la fabricación de un potente explosivo.

Arginzoniz fue detenido el 10 de julio de 2007 en Santander con planes para atentar en la capital cántabra. Ayer denunció haber sido torturado por la policía española durante los cinco días de incomunicación. Su abogada pidió que se le aplique el protocolo de Estambul para evaluar la veracidad de su denuncia. El próximo 8 de febrero cumple la condena impuesta por la Audiencia Nacional, que el 10 de noviembre lo entregó durante tres meses a Francia para ser juzgado.

Tanto él como Iriondo, que cumple anteriores condenas en Francia hasta julio de 2033, asumieron ser militantes de ETA pero declinaron hacer declaraciones sobre los hechos. El juez Duchemin les informó de que la pena máxima para los cargos por los que son juzgados es la cadena perpetua.