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El PNV evita los aspavientos con la esperanza de que el caso siga sin pasarle factura electoral

Koldo Ochandiano, Aitor Telleria y Alfredo de Miguel, durante el inicio del juicio, este lunes en Vitoria. /Igor Aizpuru
Koldo Ochandiano, Aitor Telleria y Alfredo de Miguel, durante el inicio del juicio, este lunes en Vitoria. / Igor Aizpuru
OLATZ BARRIUSO

El 'caso De Miguel', que habrá durado casi nueve años cuando concluya el juicio, ha sido una pesadilla recurrente para el PNV, una mancha incómoda en la narrativa jeltzale que describe a Euskadi como un país avanzado, ejemplar y libre de la españolizante lacra de la corrupción. Un enorme dolor de cabeza, en definitiva, para el que Sabin Etxea ha decidido aplicar ahora un tratamiento ligeramente distinto, que, sin embargo, insiste en minimizar el alcance de la mayor trama de cobro de comisiones ilegales investigada en Euskadi por número de imputados, volumen del sumario e impacto en las estructuras de poder del principal partido vasco.

Los jeltzales se escandalizan ante los intentos de algunos, dicen, por denunciar una especie de 'Gürtel' a la vasca porque el quebranto económico a las arcas públicas es, insisten, infinitamente menor. (El propio partido lo ha llegado a cifrar en 200.000 euros, ligeramente por debajo de la multa que reclama el Gobierno vasco como acusación particular, aunque otras estimaciones hablan de más de 600.000 euros en cobros ilícitos mediante empresas pantalla). En un debate electoral en EL CORREO Aitor Esteban llegó a espetar indignado al popular Alfonso Alonso que 200.000 euros son la mitad de los 400.000 que se barajaban en el 'caso San Antonio', que ni siquiera llegó a la vía penal y del que los dirigentes populares fueron finalmente absueltos por el Tribunal de Cuentas.

Los jeltzales se escandalizan ante las comparaciones con una 'Gürtel' a la vasca

El lehendakari Urkullu lamentó en su momento que se pida una ejemplarizante pena de 54 años para Alfredo de Miguel mientras que la solicitada para Urdangarin no llega a los veinte años. Argumentos dirigidos a insinuar espurios intereses y un afán casi insano por salpicar al PNV con la 'letra escarlata' de la corrupción. No obstante, y pese a la insistencia en el argumento cierto de que los miles de folios del sumario no acusan en ningún caso al PNV de financiación ilegal sino que son «actuaciones individuales» las que se juzgan , los jeltzales no pueden obviar que algunos de los que desde ayer se sientan en el banquillo fueron parte nuclear de su 'aparato' alavés. También que se resistieron durante seis meses a entregar los carnés, como el partido efectivamente les exigió con absoluta celeridad.

No obstante, algo sí ha cambiado en la estrategia de Sabin Etxea, que en tiempos pretéritos denunció el «impulso político» de jueces y fiscales al destapar las «novedades procesales» del caso en vísperas electorales. El hecho incontestable es que ni el anuncio de la apertura del juicio oral ni la posterior petición de penas han afectado en nada al tirón electoral del PNV, como tampoco al PP le han pasado factura sus escándalos. Al revés, en estos ocho años el partido no ha hecho sino consolidar su poder y ensancharlo al lograr gobernar todas las principales instituciones vascas. A poco menos de año y medio de la próxima cita con las urnas, el PNV sabe que ha logrado esquivar el desgaste y que muy probablemente podrá seguir haciéndolo si no comete errores de bulto ni hace aspavientos. De ahí que las acusaciones a los jueces hayan callado por completo y se sustituyan ahora por la intención de afrontar el largo proceso, apuntan en Sabin Etxea, «con serenidad» y «plena confianza» en un tribunal «de toda garantía». Lejos han quedado las acusaciones de 'copia y pega' de las tesis de la oposición que en su día lanzó Joseba Egibar. Ponerse de perfil puede ser mucho más rentable.

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