Y ahora los pensionistas

El Gobierno Rajoy va de problema en problema. A poco más de un año para las elecciones municipales y autonómicasde 2019, o el PP corrige ciertos rumbos o Ciudadanos y los socialistas le pueden pasar una peligrosa factura

Pensionistas manifestándose en Bilbao./
Pensionistas manifestándose en Bilbao.
ALBERTO AYALA

El Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular no ganan últimamente para problemas. Y lo peor para sus intereses es que lejos de tratar de ir resolviéndolos, casi siempre se limitan a aparcarlos a la espera de un momento más adecuado para hincarles el diente, que luego nunca termina de llegar.

Tan solo este mes los conservadores han visto cómo sus exdirigentes Ricardo Costa e Ignacio Granados, o cabecillas de tramas corruptas vinculadas a este partido, como Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, tiraban de la manta ante los tribunales a su conveniencia y ensuciaban un poco más al PP. La corrupción, en contra de lo que creyeron Rajoy y los suyos, lejos de ser un problema amortizado a efectos electorales, sigue costándoles votos, según la última encuesta del CIS dependiente del Ejecutivo.

Suelen decir que dinero llama a dinero. Pues debe ser que problema llama también a problema. Ahí tienen el más que desafortunado argumentario distribuido esta semana por Génova a los dirigentes populares para justificar el rechazo del partido a la huelga y los paros convocados para el 8 de marzo próximo contra la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Si el presidente del Gobierno ya estuvo poco afortunado hace unos días en ‘Onda Cero’ cuando se negó displicente a opinar sobre el asunto. Si aún fue más lamentable ver a tres diputadas conservadoras -entre ellas María Mar Blanco- escabullirse deprisa y corriendo a un ascensor cuando una periodista les requirió su opinión sobre el mutis del líder. Aún ha sido más vergonzoso escuchar esta semana que la protesta del 8-M es «insolidaria», «elitista» y que busca el «enfrentamiento». ¡Toma ya!

La decisión de Clemente González, presidente ejecutivo del recinto ferial de Madrid, Ifema, de censurar de Arco una instalación de Santiago Sierra titulada ‘presos políticos’, en la que se mostraban fotografías de Oriol Junqueras y los ‘jordis’, no es directamente atribuible al PP, pero sí indirectamente. Y es que el veto de González prosperó gracias al apoyo de los representantes en el consejo de la Comunidad de Madrid (PP) y de la Cámara de Comercio, no precisamente de signo progresista. En las horas siguientes los populares ensalzaron la libertad de expresión, pero ni condenaron la censura ni exigieron la reposición de la obra.

Pero aún les quedaba un último aviso a Rajoy y los suyos. Sin duda el más peligroso y el de más recorrido. El jueves decenas de miles de jubilados se echaban a las calles de un buen número de ciudades españolas para exigir que las pensiones suban al menos lo mismo que el IPC, como ocurría hasta 2013. Desde entonces, con el argumento de la crisis, las prestaciones apenas aumentan un 0,25% anual con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para quienes las perciben. Una pérdida que aún será mayor a partir de 2019 si no se cambia la normativa impulsada por los conservadores.

Son muchos los signos que confirman que determinadas libertades han ido constriñéndose en los últimos años en España de la mano del PP de la mayoría absoluta. La ‘Ley Mordaza’ -que es más que probable que sea revisada próximamente a instancias de la oposición-, es el ejemplo más claro. Pero existen otros muchos.

Si ese giro va a tener un costo en las urnas para los populares está aún por ver. Las pensiones, en cambio, son un material bastante más sensible para Rajoy y los suyos. Por muchas razones, entre las que no parece la menor que la franja de edad en la que el PP recolecta más votos es la de los mayores de 65 años.

Que el PP y Ciudadanos se disputan en este momento el liderazgo político en España es algo que corroboran todas las encuestas y sondeos. Que los conservadores no acaban de encontrar la tecla para frenar el continuado ascenso en intención de voto de los de Albert Rivera, también. Que mientras el PSOE de Pedro Sánchez sigue internamente dividido e incapaz de armar un proyecto político atractivo, igualmente.

Por eso conviene no perder de vista las protestas de los pensionistas, que todo apunta continuarán en las próximas semanas. Sobre todo cuando falta poco más de un año para que se celebren las próximas elecciones municipales, también autonómicas en comunidades como Navarra.

El PSOE ha visto en el asunto un posible nicho de desgaste para el PP y se ha lanzado rápidamente al ruedo. Además de animar a los mayores a que sigan saliendo a la calle a reclamar pensiones más dignas, el viernes confirnó que la semana próxima registrará una iniciativa en el Congreso para exigir al Gobierno que suba las prestaciones lo mismo que el IPC, como ocurría hasta 2013. Ello obligará a retratarse a todos los grupos. En especial al PP y a sus socios presupuestarios: C’s, el PNV y los nacionalistas canarios.

Todos los partidos son conscientes de que una subida así incrementaría el déficit público. Salvo, claro, que se suban los impuestos o se creen impuestos nuevos, por ejemplo a la banca, como planteó hace unos meses Sánchez.

Mantener la ortodoxia o evitar el riesgo de una eventual sangría de votos. Ese es el dilema al que se enfrentan los conservadores. Rajoy ya ha dicho que ve la subida «inviable». Veremos si miedos y urgencias de última hora propician o no cambios de opinión.

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