El Parlament se reúne pese al encarcelamiento de Turull y otros cuatro responsables del 'procés'

Josep Rull y Jordi Turull se despiden de sus esposas a las puertas del Tribunal Supremo. /AFP
Josep Rull y Jordi Turull se despiden de sus esposas a las puertas del Tribunal Supremo. / AFP

Torrent celebrará la sesión, pero no se llevará a cabo la votación de investidura

CRISTIAN REINO / MATEO BALÍN

A pesar de que Jordi Turull, tras conocer el auto de su encarcelamiento, lo primero que hizo fue reclamarle a Roger Torrent que mantuviera convocada la segunda votación de investidura del presidente de la Generalitat, fijada inicialmente para hoy a las 11.30, el presidente de la Cámara catalana desoirá la petición del candidato de JxCat y suspenderá la elección presidencial, o eso al menos es lo previsto.

Torrent ha decidido mantener convocado el pleno, que en principio arrancará a la hora, con la intervención de los portavoces de los grupos, pero se espera que suspenda su celebración cuando llegue la hora de la votación, acatando el criterio del Tribunal Constitucional, que señala que no puede haber investidura si el candidato no está presente en el pleno, como es el caso de Turull.

El Gobierno central ya ha avisado que un candidato que no está presente en el pleno no puede ser investido. Recuerda que el recurso que presentó contra la investidura de Carles Puigdemont «dio origen a una doctrina del Tribunal Constitucional» sobre la obligatoriedad de la presencia del candidato. «Es un requisito imprescindible», afirmó el ministro portavoz,Íñigo Méndez de Vigo.

Finalmente, Torrent se decantó por desconvocar la segunda votación de investidura, en contra del criterio de JxCat. No es la primera vez que el presidente de la Cámara entra en colisión contra sus socios. El pasado 30 de enero, suspendió la investidura de Puigdemont de manera unilateral, teniendo en cuenta que el candidato no podía estar presente, lo que encendió los ánimos en el independentismo. Tras el pleno de hoy, el presidente del Parlamento autonómico «hará lectura de una declaración en defensa de los principios democráticos y de los derechos civiles y políticos».

El encarcelamiento

En menos de 24 horas Jordi Turull ha pasado de defender en el Parlament su candidatura para presidir el Gobierno de siete millones y medio de catalanes a dormir en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid. El dirigente de Junts per Catalunya (JxCat) y otros cuatro procesados por delitos de rebelión en la causa del ‘procés’, la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, fueron encarcelados ayer por la noche por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El instructor revocó su libertad provisional y justificó el reingreso en prisión por el «grave» riesgo de fuga y de reiteración delictiva derivado de su procesamiento horas antes junto a otros 20 investigados, entre ellos el huido Carles Puigdemont o los presos preventivos Oriol Junqueras y Joaquim Forn.

En una jornada repleta de sobresaltos, el juez Llarena asestó un duro golpe al independentismo y abrió en canal las entrañas del proceso que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), aprobada por el Parlament el 27 de octubre. La mañana comenzó con la huida de la secretaria general de ERC Marta Rovira, citada en persona para comunicarle su procesamiento por un delito de rebelión. Una fuga a Suiza que dejó cariacontecidos a sus compañeros de partido y que sustentó la decisión del juez de encarcelar a Turull, Forcadell, Romeva, Rull y Bassa. El magistrado teme que todos ellos puedan emprender el mismo camino hacia el extranjero.

El mal trago se consumó poco después tras notificar el juez el auto de procesamiento a los abogados. De los 28 investigados de forma inicial, el magistrado dirigió la causa finalmente contra 25, que ayer se acercaron un poco más al banquillo de los acusados. Trece de ellos fueron procesados por un delito de rebelión, que conlleva penas de entre 15 y 25 años de prisión. En este grupo están la mayoría de exmiembros del Govern (Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull, Bassa y los huidos Comín y Ponsatí), Forcadell, Rovira y los líderes civiles Jordi Sànchez (ANC)y Jordi Cuixart (Òmnium). A nueve de ellos les acusó además de un delito de malversación de caudales públicos (hasta seis años de prisión y multa) en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Según el auto, en esta lista se encuentran los presuntos cabecillas del «plan concertado» para llegar a la república catalana de forma unilateral, alentando a las masas mediante el «alzamiento público y violento». Un «diseño criminal» que se consumó en un ataque «sin parangón» al Estado y a la Constitución el 1-O y con la DUI.

En un peldaño incriminatorio inferior, Llarena concluyó ayer que existen indicios por un delito de desobediencia (hasta dos años de inhabilitación) y otro de malversación contra los exconsejeros Meritxell Borrás, Carles Mundó, el arrepentido Santi Vila y los huidos Lluis Puig y Meritxell Serret.

Asimismo, por desobedecer las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional el juez procesó a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, y a las exdiputadas de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel. Ésta se fugó a Suiza para evitar la prisión, pero finalmente su delito tan solo conlleva, a expensas de los recursos de las partes a la Sala de Apelaciones del Supremo, la inhabilitación para ejercicio de cargo público durante 24 meses.

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