¡País!

La impresentable conducta de Cifuentes, y de su Universidad, ha desviado la atención sobre lo realmente importante

Cristina Cifuentes./
Cristina Cifuentes.
JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA

Los jubilados se echan todos los lunes a la calle reclamando pensiones dignas y seguras; las mujeres desbordan las ciudades exigiendo igualdad efectiva en todos los órdenes; jueces y fiscales, sea cual sea su rango y adscripción, se plantan frente a los tribunales pidiendo mejoras y amenazan, caso de no ser atendidas, con huelgas de las que rara vez se ven entre nosotros; los estudiantes andan revueltos y se sumarán de un momento a otro, junto con el personal sanitario, a la marea de manifestantes. Por su parte, el Gobierno presenta en la Cámara un proyecto de Presupuestos que, si el PNV no cambia su apelación a los principios por su habitual pragmatismo, está condenado al fracaso; el Parlamento, a su vez, está paralizado, con una oposición fragmentada e incapaz de tomar el liderazgo que el Ejecutivo ha dado por perdido. Indignado, en suma, y expectante el país, mientras las instituciones no saben cómo darle respuesta. Y, por si algo faltara, la resolución del Tribunal alemán de Schleswig-Holstein sobre la euroorden de entrega de Carles Puigdemont ha venido a abrir una situación preocupante, en la que el prestigio del Estado español ha quedado tocado, la moral del secesionismo, crecida y la Justicia, dividida y desconcertada.

En este inquietante escenario, un hecho, que debería considerarse menor incluso en circunstancias normales, ha acaparado con tal intensidad la atención de la opinión pública, que los asuntos citados, por alarmantes que pudieran llegar a ser, han pasado a segundo plano. Me refiero al embrollo que ha creado la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. Con él se ha trastocado la jerarquía natural de las cosas haciendo que lo esperpéntico pase a ocupar el puesto de lo inquietante, y viceversa, en la valoración de la opinión pública. Y es que la señora Cifuentes ocupa hoy más espacio informativo y estimula más opiniones en las tertulias que cualquiera de los asuntos arriba citados, incluido el gravísimo de la resolución judicial alemana.

Lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con lo de la Universidad Juan Carlos I, no merecía ni un par de telediarios. Se trata de un caso que, desde el momento en que apareció, desprendía tal olor a podrido que, en cualquier país de hábitos democráticos normalitos, se habría resuelto en menos de cuarenta y ocho horas. Y es que, aun cuando la presidenta hubiera dicho la verdad -que no parece que lo hizo-, debería haber dimitido al instante o sido forzada a hacerlo por quien sobre ella manda. Tanto amiguismo reconocido, tanta excepcionalidad consentida, tanto abuso de poder, tanto trampeo, tanta chulería, prepotencia y sensación de impunidad no eran compatibles con el ejercicio de un cargo público. No había necesidad de esperar a los contradictorios relatos que luego nos han contado y en los que la mentira, el cinismo, la desvergüenza y el desprecio al ciudadano se disputan, en estrecha competencia, el primer puesto en el ranking de despropósitos. En cambio, en vez de quedar resuelto por la vía rápida de la dimisión voluntaria o forzada, el embrollo inicial ha logrado enredar todo un ovillo de inútiles comisiones de investigación e interesadas mociones de censura que excluyen otros medios más expeditivos de lograr el mismo objetivo.

Habríamos podido, en vez de distraernos con trivialidades, ocupar la mente en lo que realmente importa, es decir, en los asuntos que se han citado al principio del artículo. El del secesionismo catalán destaca entre ellos. La resolución del tribunal de Schleswig-Holstein reviste especial relevancia. Abre una nueva etapa, en la que el secesionismo más radical, crecido, se inclinará por la toma de posturas provocadoras, a la vez que poco manejables, que resultarán dañinas para el crédito de España en la comunidad internacional, asunto este incomprensiblemente desatendido por el Gobierno. Y en el campo de la Justicia, no será la española la única que tendrá que ajustar cuentas consigo misma. También la europea -si es que como tal existe- deberá estudiar si lo que ha ocurrido en Alemania tiene algo que ver con el «espacio judicial común» que esta comunidad de Estados iguales pretende construir. La resolución del Tribunal de Schleswig-Holstein lo desmiente. Porque, si bien no es aún exigible una jurisdicción unitaria, sí tiene cada tribunal la obligación de actuar bajo pautas compartidas en las que prevalezcan el respeto mutuo y la confianza en favor de la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos para ser aceptado como miembro del club. No han sido éstas las pautas que han regido la resolución del tribunal alemán.

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