El ochote de Alsasua

Forzar el Código Penal puede generar reacciones perversas. En este caso ha servido para intentar convertir en víctimas a los presuntos agresores

El ochote de Alsasua
Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

La Audiencia Nacional acoge desde ayer el juicio contra ocho jóvenes de Alsasua, próximos a la izquierda abertzale, acusados de agredir brutalmente de madrugada a dos guardias civiles y a sus parejas en un bar de la localidad en octubre de 2016.

La vista oral ha suscitado un enorme interés mediático. Y las principales instituciones navarras no dudaron en adherirse el sábado a una manifestación en Pamplona, que resultó multitudinaria, una de las más numerosas de los últimos años en la Comunidad foral.

Pero lo llamativo es que ni en uno ni en otro caso el eje de atención han sido las víctimas. Lo que movió al portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, y a otros dirigentes jeltzales a desplazarse hasta Pamplona y volver a compartir manifestación con EH Bildu, y también con Podemos e Izquierda-Ezkerra (la versión navarra de IU) no fue testimoniar su apoyo a quienes estuvieron a punto de ser linchados, transmitirles su solidaridad y enviarles un mensaje de ánimo para que traten de superar el trauma.

Su prioridad, el objetivo, era otro bien diferente: denunciar la desproporcionada petición de penas a la que se enfrentan los presuntos agresores, que han sido acusados nada menos que de terrorismo. En efecto, una completa desmesura, como han coincidido en señalar también numerosos juristas.

Forzar el Código Penal para reprendar con especial dureza hechos tan graves, tan repugnantes como los que ocurrieron hace año y medio en Alsasua -y de los que ayer se desvinculó el valiente ochote abertzale que se sienta en el banquillo- es, amén de un grave error, una injusticia. La ley debe aplicarse con rigor, sí, pero también con proporcionalidad.

Lo que ocurrió aquella madrugada en la Barranca navarra no fue una simple pelea de bar, como de forma absolutamente desvergonzada sostienen desde entonces no pocas voces de la izquierda abertzale. Fue una demostración, otra más, de que entre las secuelas que nos ha dejado casi medio siglo de terrorismo de ETA está la animadversión al diferente y también el odio a las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyo papel fue determinante en la derrota final de los violentos, que siente una parte no precisamente desdeñable de las sociedades vasca y navarra.

La semana pasada una joven catalana integrante de los llamados Comités de Defensa de la República (CDF) era acusada nada menos que de rebelión y terrorismo por participar en cortes de carreteras y por abrir a los coches algunos peajes. El juez tiró por tierra semejante desmesura.

Ojalá que el 'caso Alsasua' se cierre con justicia. Y justicia no es condenar a más años de cárcel a los acusados sino imponerles la pena adecuada a la evidente gravedad de su delito. No menos, pero tampoco más.

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