Movilización y reflexión

Gure Esku Dago celebró una cadena humana el domingo. /
Gure Esku Dago celebró una cadena humana el domingo.
Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

El pasado domingo se consiguió formar una inmensa cadena humana de 202 kilómetros que unió Donostia, Bilbao y Vitoria, organizada por la plataforma Gure Esku Dago, que reunió, según los promotores, a 175.000 personas en favor del 'derecho a decidir'. Los organizadores y partidos que respaldaron la iniciativa subrayaron el éxito de la convocatoria, pero abusaron en su valoración al dar a entender que el «pueblo» apoyaba el derecho a decidir. Desde posiciones contrarias se ha incurrido en el mismo error, pero al contrario, al minimizar la importancia cuantitativa de la movilización. Para ello algunos han tomado como elemento de referencia el conjunto de la población, con la pretensión de fundamentar su convicción de que tras el derecho a decidir se encuentra solo una minoría de los vascos.

175.000 personas representan el 8% de la población de la comunidad autónoma. Pero para darnos cuenta de la dimensión de ese porcentaje en términos políticos, les propongo realizar la misma operación, pero tomando como referencia el conjunto de la población española, aproximadamente de 46 millones y medio de habitantes. El ocho por ciento supone 3.720.000 ciudadanos. Imaginemos una cadena humana integrada por más de tres millones y medio de ciudadanos demandando, por ejemplo, la celebración de un referéndum sobre Monarquía o República. ¿Alguien en su sano juicio podría ignorar tal hecho y actuar como si no existiera? En alguna otra ocasión al referirnos a este derecho tan controvertido he dejado escrito que estamos ante un concepto más político que jurídico, que lo dice todo y no dice nada.

Es obvio que en una buena parte del soberanismo se efectúa un planteamiento reduccionista de este derecho, centrado en un enfoque plebiscitario sobre la independencia, de tal manera que cualquier otra decisión no tendría nada que ver con el derecho a decidir. Este planteamiento está muy presente en Gure Esku Dago.

Frente a esta versión exclusivamente independentista está el planteamiento más abierto y menos rígido del derecho a decidir entendido como un proceso gradual, siempre pacífico y democrático, integrado por el conjunto de decisiones, incluidas las de carácter plebiscitario, que los vascos han adoptado hasta ahora y las que adopten en el futuro. En este sentido, los vascos ejercieron su derecho a decidir, cuando expresaron con el voto su posición crítica respecto a la Constitución, al igual que lo hicieron cuando ratificaron el Estatuto. Es cierto, que nunca se han pronunciado directa y expresamente sobre la independencia, pero eso no implica que las decisiones anteriores no se hayan adoptado en libertad, ni que carezcan de legitimidad democrática.

Ahora que la ponencia de Autogobierno está a pleno rendimiento, es imprescindible que las formaciones hagan un esfuerzo por aclarar lo que entiende cada cuál sobre el derecho a decidir, renunciando a la mera formulación retórica. Convendría que los grupos favorables anclaran su defensa en el principio democrático sustentado en una voluntad clara y sólida de la ciudadanía y no en el derecho de autodeterminación, lo que determina y aclara inequívocamente quién es el sujeto que decide. Sería bueno también que estos grupos reflexionaran sobre la conveniencia y la utilidad de incorporar el derecho a decidir, incluida la secesión, en el mismo proyecto de nuevo estatus articulado en torno a un modelo de autogobierno fundamentado jurídicamente en los derechos históricos que por naturaleza son expresión de un sujeto constituyente con una capacidad limitada. Los derechos históricos difícilmente podrían ser defendidos como el título legal para poder decidir la secesión. Ese tema requiere de una regulación específica, como nos lo muestran los ejemplos de Quebec y Escocia.

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