El PSE modula su discurso contra el informe de torturas y destaca ahora su «alto valor»

Francisco Etxeberria, director del informe, compareció ayer en el Parlamento vasco. /e. c.
Francisco Etxeberria, director del informe, compareció ayer en el Parlamento vasco. / e. c.

El PP desautoriza a su parlamentaria Juana Bengoechea, que ayer tildó de «excelente» un estudio que su partido ha pedido que se retire

OCTAVIO IGEA

El PSE ha rebajado notablemente la intensidad de sus críticas al informe sobre torturas encargado por el Gobierno vasco a la UPV, que cifra en 4.113 los posibles episodios de violencia policial en Euskadi desde 1960. Si el pasado diciembre, cuando se presentó el análisis, los socialistas se desmarcaron del PNV, reprocharon la «falta de rigor» del estudio y advirtieron de que el texto alienta «la teoría del conflicto», el portavoz del PSE en el Parlamento, José Antonio Pastor, optó ayer por ensalzar el «alto valor documental» del trabajo.

Durante una comparecencia en la Cámara vasca del forense Francisco Etxeberria, director del grupo de expertos que redactó el informe, Pastor pidió que el documento no sea utilizado para afirmar que las torturas fueron sistemáticas en el País Vasco, pero negó cualquier otro recelo. «No cuestionamos ni el informe ni los testimonios, es un trabajo muy elaborado», aseguró el portavoz del PSE ante Etxeberria. En similares términos se expresó la popular Juana Bengoechea, que calificó como «excelente» el trabajo pese a que su partido ha pedido al propio lehendakari que reniegue de él y lo retire. La dirección del PP vasco la desautorizó horas después asegurando que Bengoechea hizo «una valoración personal que no refleja la posición» de la formación.

Las declaraciones de Pastor y Bengoechea pudieron escucharse durante una mañana en la que el secretario de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, anunció que el Ejecutivo autonómico va a reclamar al Estado que ponga en marcha una investigación «independiente» sobre las torturas realizadas en España. La petición es una de las principales conclusiones que ha sacado Lakua tras analizar el informe encargado a la UPV, cuya presentación generó un profundo malestar en el PSE. Ahora también puede provocarlo en la judicatura, porque Fernández defendió que el análisis tiene por objetivo reparar a las víctimas «llegando donde la Justicia no va a llegar».

«Sin trincheras»

Fernández insistió ayer en «asumir» el contenido de un informe encargado para dar «una visión global» sobre la práctica de torturas en Euskadi. También negó que el documento legitime la existencia de «bandos enfrentados». «Nuestra idea es encarar cada fenómeno de forma separada», defendió tras reclamar el derecho a la verdad de las víctimas. «No debe analizarse desde las trincheras sino desde la defensa de los Derechos Humanos».

Con el informe sobre la mesa, el Gobierno vasco se dispone ahora a dar pasos: reconocer que las víctimas de torturas «no tuvieron la atención necesaria» y reforzar la legislación y los protocolos de la Ertzaintza. Buena parte de ellos son las propias conclusiones que los expertos de la UPV reflejan en el estudio, aunque se añaden tres reclamaciones al Estado para que haga una «reflexión crítica del pasado» y que aplique los protocolos de prevención que le vienen reclamando los organismos internacionales tras varias sentencias condenatorias.

Desde Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, ensalzó el informe y criticó el «negacionismo del Estado» y de la Justicia. «Si no aceptamos una verdad científica y no hacemos autocrítica no podremos ponernos de acuerdo en nada», advirtió en referencia a la ponencia de Memoria que se desarrolla en el Parlamento. «Cuando se han presentado estudios sobre otras violencias nadie los ha cuestionado», añadió desde EH Bildu Julen Arzuaga, para quien el documento de la UPV «establece la verdad por encima de interpretaciones».

Primeras conclusiones de la ponencia de Memoria

La presidenta de la ponencia de Memoria, Ana Oregi, presentará en la sesión de hoy una síntesis que recoge las opiniones de los partidos respecto a las víctimas, el primer apartado que ha abordado el foro. El segundo será la política penitenciaria, que arrancará con la convocatoria de ocho expertos para que den su opinión.

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