La mitad de los presos de ETA se resiste a la disolución de la banda

Imagen de archivo de una movilización a favor de los presos de ETA./AFP
Imagen de archivo de una movilización a favor de los presos de ETA. / AFP

Los internos con penas más largas no ven con buenos ojos un gesto que cerraría cualquier posibilidad de acelerar su salida de la cárcel

ÓSCAR B. DE OTÁLORA

La situación de los presos de ETA se ha convertido en el laberinto en el que vive atrapada la izquierda abertzale. La disolución de la banda, una de las iniciativas que se pretendía llevar a cabo este año para dar inicio a un nuevo tiempo, se está ralentizando ante las resistencias internas a una medida que en muchos ámbitos se interpreta ya como un gesto simbólico pero vacío de contenido puesto que no supondría ningún cambio en la situación de las cárceles. Según ha podido saber EL CORREO, la mitad de los internos está mostrando sus reticencias a dar cualquier paso que suponga disolver la organización al entender que cerraría las vías a buscar una negociación futura para aquellos internos con condenas más largas y que tienen un horizonte de varias décadas en prisión.

Referirse al debate de ETA es hablar de una discusión que se va a llevar a cabo principalmente dentro de las cárceles, puesto que la organización operativa se limita en estos momentos a media docena de personas escondidas en Europa. Era el caso de Mikel Barrios y Iñaki Gulina, dos activistas detenidos a finales de octubre que vivían ocultos en Berlín con documentación falsa pero con trabajos legales para asegurarse su subsistencia. También se está consultando a antiguos militantes, que ya han cumplido condena, con ascendencia dentro del mundo de las prisiones.

El debate que ha comenzado es epistolar. En principio se está realizando mediante el intercambio de dos documentos de doctrina y un tercero que se plantea a modo de consulta para conocer la opinión de los presos. Este último texto está cerrado y no admite discusiones. El intercambio de escritos se encuentra en una fase incipiente y no es todavía extenso, aunque sí se han producido consultas que han permitido detectar las resistencias en la mitad del colectivo. La pasada semana, el comandante de policía Laurent Hury, destinado en el estado mayor de la Subdirección Antiterrorista (SDAT), se refirió a este debate durante un juicio celebrado en París y aseguró que en estos momentos «hay un divorcio profundo» en el seno de las cárceles.

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300 presos

El último debate de estas características se llevó a cabo a comienzos del año pasado. El colectivo de presos de ETA analizó si era necesario comenzar a aceptar la legalidad penitencia y acogerse a salidas individuales. Como en la mayoría de las discusiones en el seno de la izquierda abertzale, el resultado estaba prefijado y había sido anunciado por el dirigente Rufi Etxebarría, cuando en enero de 2016 ya animó a los internos de la banda a buscar soluciones individuales, algo hasta entonces prohibido. El 73% de los internos aceptó esta propuesta, el 12% la rechazó y el resto se abstuvo.

El colectivo de presos está formado por 307 personas encerradas en cárceles españolas y francesas. Alrededor de 150 están condenados tras la modificación del Código Penal de 2003, que elevó el límite de años de condena de 30 a 40 y endureció las condiciones para acogerse a beneficios penitenciarios. Este sería el núcleo más reacio a cualquier medida que implique cerrar la historia de la banda y acabar con sus siglas. En el resto de internos, la posibilidad de salir a la calle es más cercana y su intención es dar los pasos necesarios para comenzar el camino que les permitiría salir de prisión. Esta semana se ha sabido que algunos de ellos han comenzado a solicitar pasar del primer grado penitenciaria -el más estricto- al segundo, una evolución a la que se habían negado hasta ahora. En la práctica supone aceptar trabajos dentro de la prisión y colaborar en el funcionamiento de la cárcel. Esta es la vía que apoya la izquierda abertzale, consciente de que permitiría reducir el número de etarras presos por la vía de los hechos, ya que no se espera ningún movimiento por parte del Gobierno central.

Cambio de grado

En este contexto, la disolución como fórmula para acelerar la salida de prisión es un gesto que a corto y medio plazo no tendría ninguna influencia. Para pasar del primer grado al segundo, por ejemplo, se tiene en cuenta si el reo pertenece a una organización criminal pero también su comportamiento dentro de la cárcel. Si ETA no existiera al haberse disuelto, la actitud del preso dentro de prisión sería el baremo para establecer un cambio de grado. Pero esto ya sucede en la actualidad. La doctrina en Instituciones Penitenciarias es permitir que se mejore las condiciones de vida de los presos pertenecientes a organización criminales si su evolución es positiva.

La disolución podría tener efectos más evidentes en el área política, de cara a poder mostrarse internacionalmente como una organización desarmada y que ha dejado de existir incluso por sus siglas. Pero también en ese terreno se han producido avances con la banda aún existente. Enterrar las siglas de la organización ha comenzado a dejar de ser una de las prioridades. Se baraja la fecha de finales del invierno o principios de la primavera. En el mundo de los presos etarras se está más pendiente de las iniciativas a favor del acercamiento a prisiones próximas a Euskadi y de los pasos que en este sentido está dando el Gobierno vasco que del futuro de las siglas de la banda.

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