El deseable efecto retardado

Pasados veinte años de aquel crimen solo cabe esperar que la izquierda abertzale reconozca por fin la sinrazón de todo lo ocurrido y repare el dolor tan injusta e inútilmente causado

JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA

El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue el acto que reveló de manera definitiva a la sociedad vasca la sinrazón y la bajeza moral de la banda terrorista ETA. La Mesa de Ajuria Enea recurrió, para definirlo, al término «vendetta», tratando de subrayar su carácter mafioso y carente de todo sentido político. La profunda conmoción que causó en la sociedad vasca fue la señal de que se había entendido su verdadera dimensión. Pero, por profunda que su emoción fuera, no sería suficiente para redimirla de los dos grandes agravios que había cometido en el pasado. Uno, la falta de empatía mostrada ante las noticias de otros asesinatos pasados, por así decirlo, más ‘rutinarios’. Y otro, consecuencia del anterior, el desamparo en que había dejado que lloraran a sus muertos aquellas familias, que, contemplando el cariño con que se arropaba este de ahora, más que confortadas, se verían forzadas a revivir la soledad en que quedaron.

Pero no es mi intención seguir por este camino más allá de esta reflexión que creía pertinente. Prefiero detenerme en otro aspecto, más estrictamente político, que no debería quedar en el olvido. Lo resumiré en una frase: si el asesinato del joven concejal de Ermua dejó a la sociedad vasca permanentemente movilizada frente a los atentados que todavía habrían de venir, la política quedó, a raíz -aunque no a causa- de él, hondamente dividida y enfrentada. No pasaría un mes antes de que los partidos, tan ejemplarmente unidos durante el secuestro y posterior asesinato, se enredaran en agrias disputas que irían enconándose más y más a lo largo de una década y que se proyectarían sobre la propia sociedad. La política vasca experimentó un retroceso que la devolvió a los años ochenta.

Pero, si la constatación del hecho no da lugar a discusión, su explicación no está aún libre de debate. Nacionalismo y constitucionalismo -tales fueron los términos que se emplearon para nombrar el enfrentamiento- siguen hoy culpándose uno a otro de lo que ocurrió. Y, si para el primero fue el Partido Popular, entonces en el Gobierno, el que inició la discordia con lo que se entendió como un aprovechamiento obsceno de las emociones en beneficio propio, el segundo objetó que fueron los nacionalistas quienes, ante el temor a verse desbordados por la reacción popular, se radicalizaron y desviaron de la común hoja de ruta trazada en el Pacto de Ajuria Enea.

Sin minimizar las razones que cada parte aduce para su causa -recuérdese, de un lado, el acto partidista de la Plaza de Las Ventas y, de otro, el oscuro acercamiento al abertzalismo radical iniciado por el nacionalismo institucional-, no puede dejar de señalarse que las discrepancias habían comenzado ya a asomar antes del asesinato del edil de Ermua. Lo que éste hizo fue sólo detener por un tiempo, sepultándola bajo la emoción del momento, la división que venía gestándose desde que, en una reunión promovida por Elkarri dos años atrás, los partidos se decidieron a hacer públicas las diferencias que estaban convirtiendo la tan cacareada unidad de la Mesa de Ajuria Enea en poco menos que una farsa.

El problema estaba, pues, ahí. Desde hacía un par de años, la Mesa, tras siete de unidad, pero inquieta por la falta de pasos firmes hacia el final del terrorismo, había comenzado a dividirse en dos bandos que, utilizando palabras distintas, volvían a enfrentarse por lo que siempre los había separado. La división, que antes se llamaba «salidas políticas» o «soluciones policiales», se vestía ahora de términos nuevos como «final dialogado» o «aplicación estricta del Estado de Derecho». Para superar la división, el lehendakari José Antonio Ardanza asumió el encargo de preparar y someter a debate una propuesta. Pero, lo que pretendió ser una reflexión para recuperar la unidad, algunos quisieron convertirlo en un «plan» de actuación -plan Ardanza, lo llamaron- para poder tomarlo luego como excusa para la ruptura y chivo expiatorio sobre el que cargar las culpas de todos. Vilipendiado el plan, y no asumida la propuesta, la Mesa se disolvió y sus miembros se sintieron libres para obrar en este asunto como a cada uno mejor le viniere. El consenso, que antes los había hecho fuertes, ahora les estorbaba y quitaba libertad de movimientos. Todo acabó como sabemos. No hubo «final dialogado», pero la victoria del Estado de Derecho se vio, a su vez, empañada por el acto de forzado desistimiento que ETA protagonizó el día 20 de octubre de 2011.

Ahora bien, si el asesinato de Miguel Ángel Blanco actuó de detonador que hizo aflorar la división hasta entonces oculta de los partidos democráticos, no logró el mismo efecto disgregador en Herri Batasuna. El miedo cambió por unos momentos de bando, y los matones del entorno abertzale tuvieron que refugiarse en sus sedes huyendo del acoso popular. Pero la izquierda abertzale aguantó el envite y encontró la espita a tanta presión en el Pacto de Estella, en cuyo proceso se dejó también enredar, por cierto, el propio presidente Aznar, que negoció con ETA en Suiza tras haberlo hecho con su brazo político en España. Ahora, pasados veinte años, sólo cabe esperar que lo que no logró el impacto inmediato del asesinato lo logre su serena rememoración, de modo que la izquierda abertzale reconozca por fin la sinrazón de lo ocurrido y repare el dolor tan injusta e inútilmente causado. Sería el efecto retardado de lo que nunca debió ocurrir.

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