Más leña al fuego

Si alguien dio por muerto el ‘procés’, el pacto JxCat-ERC le habrá devuelto a la realidad. Tenemos lío catalán para rato

Más leña al fuego
Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

Si alguien creyó que con la intervención de la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución, la actuación judicial contra los principales líderes soberanistas -que mantiene en prisión a cuatro de ellos y huidos en Bélgica a otros tantos-, y las elecciones autonómicas del 21 de diciembre pasado, excepcionalmente convocadas por Rajoy, el ‘procés’ había pasado a mejor vida, se habrá percatado de su craso error.

La primera parte del ‘procés’, en efecto, terminó el año pasado. Pero ya tenemos aquí el avance de lo que puede ser el ‘procés’ dos. Eso y no otra cosa preludia el acuerdo de legislatura al que, entre bronca y bronca, han llegado Junts per Catalunya, la coalición del expresident Carles Puigdemont, y ERC. Pacto que han trasladado a los antisistema de la CUP para persuadirles de que cambien de opinión y apoyen la investidura del ‘número dos’ de la lista neoconvergente y exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez.

Tras el paso a un lado de Puigdemont la semana pasada, Jordi Sánchez es hoy por hoy el candidato a la Generalitat de estos dos partidos. Eso sí, sus opciones parecen más que limitadas.

Tres son las razones. Que es dudoso que el Tribunal Supremo le autorice a defender su candidatura en el Parlament, pese a que en circunstancias similares sí que le permitió hacerlo a un etarra en el País Vasco en 1986. Porque aunque recibiera ese permiso, la CUP debería reconsiderar su negativa a apoyarle. Y porque, si los aliados catalanes de Sortu no se mueven, como parece probable, tendrían que renunciar a su acta de parlamentario los huidos Puigdemont y Toni Comín, y ni el neoconvergente ni el republicano han dado muestras de estar por la labor.

¿En qué consiste el ‘caramelo’ a los cupaires? En la promesa de poner en marcha otro ‘proceso constituyente’ que terminaría con una ‘multiconsulta’ del estilo de las ilegales del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre pasado, en la que se registraron fuertes cargas policiales.

Eso sí, para sortear a la Justicia, el proceso participado que debería terminar con una propuesta de Constitución de la república catalana se haría fuera de las instituciones oficiales. El consejo y la asamblea de la república, con sede en el ‘exilio’ belga, se encargarían de la estrategia política y de coordinarse con las instituciones de autogobierno del interior.

El acuerdo incluye, además, un buen paquete de medidas de marcado carácter social y la promesa de desarrollar la Agencia Tributaria y la Agencia de Protección Social catalanas. Todas ellas dirigidas a convencer a la CUP para que cambie de posición.

En resumen, más leña al fuego del conflicto. El soberanismo se mantiene firme en su desafío al Estado, por más que en las elecciones de diciembre volvió a fracasar en su objetivo de lograr la mitad más uno de los votos de los ciudadanos -sí consiguió la mayoría absoluta de escaños en el Parlament- y a que el apoyo a la independencia ha descendido nada menos que diez puntos en pocas semanas (está en torno al 40%), según el CIS catalán dependiente de la Generalitat.

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