Legalidad y política

La decisión del Supremo de elegir la vara más dura para responder al desafío soberanista abre un futuro impredecible

Legalidad y política
Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

En un Estado democrático saltarse la ley tiene un precio: el que la propia ley determina. Así debe ser, aunque no siempre sea, con independencia de la posición social del infractor.

Parece increíble tener que recordar semejante verdad de perogrullo a estas alturas de la película. Pero visto, oído y leído lo que se sigue sosteniendo día tras día, también aquí, no está de más hacerlo.

El soberanismo catalán, numéricamente muy importante -alrededor de dos millones de seguidores-, aunque porcentualmente minoritario elección tras elección en el conjunto de la sociedad de aquella comunidad -logró el 47% de los votos en las últimas autonómicas del 21 de diciembre pasado-, decidió ‘desbordar’ la legalidad española -tradúzcase como vulnerar- al no ver satisfechas sus demandas al Estado español. Inicialmente negociables, pero luego del todo descabelladas .

De nada sirvieron las advertencias que recibió durante años. Advertencias desde la política, que no estuvo a la altura ante un problema que inicialmente tal vez pudo encauzarse. Pero también desde la economía, la empresa, la cultura o el periodismo.

Los independentistas celebraron una seudoconsulta ilegal el 9 de noviembre de 2014. El Gobierno Rajoy tragó para no empeorar la situación. No sirvió para encarrilar nada. Al contrario.

Algunos sectores creyeron que era el momento de romper unilateralmente con España. Y llegaron, de nuevo, la consulta y los incidentes del 1 de octubre del pasado año. Y poco después una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que algunos, como el lehendakari Urkullu, intentaron evitar hasta el último segundo. Mediación que fracasó porque el expresident Puigdemont no fue capaz de vencer sus propios temores.

Y llegó la suspensión de la autonomía, que Rajoy trató de evitar que se prolongara en el tiempo convocando las elecciones del 21-D. Y la Justicia, el Supremo empezó a hacer su trabajo persiguiendo ilegalidades no políticas.

A día de hoy los partidos no han sido capaces de dotar a Cataluña de un nuevo Govern que, entre otras cosas, acabe con el 155. El juez del Supremo, Pablo Llarena, sí concluyó ayer la primera parte de sus indagaciones.

La interpretación de la ley casi nunca es unívoca. Cabe aplicarla con rigor máximo o mínimo. El juez Llarena, es evidente, ha decidido elegir la vara más dura para castigar el desafío del secesionismo catalán al Estado.

Se vio desde el primer momento, cuando dictó prisión incondicional para Junqueras, Forn y los ‘jordis’. Y se confirmó ayer cuando procesó por rebelión a 13 líderes del fallido ‘procés’ y envió a la cárcel sin fianza al candidato a president de la Generalitat, Jordi Turull, a los exconsellers Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, para evitar que se den a la fuga como también acaba de hacer la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.

La vista oral y los recursos posteriores determinarán si Llarena ha estado acertado o se ha excedido haciéndole incluso los deberes a otros. Lo que no ha hecho es ponerle las cosas fáciles a la política para arreglar el asunto.

El conflicto catalán afronta un futuro impredecible. No digamos ya si hoy el Parlament decide volver a saltarse la legalidad para investir president a Turull.

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