El laberinto legal que espera a los electos huidos y a los presos

Interior del Parlament catalán./REUTERS
Interior del Parlament catalán. / REUTERS

Los cinco fugados podrán reclamar su acta parlamentaria por poderes, pero deberán participar en la investidura, con riesgo de ser detenidos

ÓSCAR B. DE OTÁLORA

La dinámica parlamentaria que derivará de las elecciones autonómicas catalanas celebradas este jueves está afectada de pleno por la situación creada por los cinco consejeros que huyeron a Bélgica para evitar la acción de la justicia -entre ellos el presidente Puigdemont-, y los tres cargos encarcelados -Junqueras, Sánchez y el exdirigente de Interior, Joaquim Forn-. Según las normas parlamentarias, estos ocho electos sí que podrán reclamar su acta parlamentaria, bien de forma delegada en el caso de los fugados, o a través de las previsiones legales para los electos presos que no tienen ninguna condena en vigor que les inhabilite.

Sin embargo, tomar posesión del acta no equivale a votar. Esto supone que si Puigdemont y sus cuatro acompañantes en Bruselas quieren personarse en el Parlament tendrán que asumir que pueden ser detenidos y encarcelados por las reclamaciones judiciales que pesan sobre ellos. En un parlamento de 135 escaños en el que la mayoría se encuentra en 68 votos, los 70 asientos soberanistas se quedarían en 65 -si no comparecen los fugados- o 62 -si tampoco desde la cárcel se consigue acreditar a tiempo la presencia de Junqueras y los otros dos reclusos-.

La abstención de Podemos

El reglamento del Parlamento solo prevé la delegación de voto para casos de baja por maternidad o asuntos médicos prolongados. En el supuesto de que los diputados ausentes no estén presentes, los no nacionalistas suman 57 escaños. Es decir, tampoco tendrán la suficiente capacidad de maniobra para imponerse a los soberanistas. El control de la Cámara quedará en manos de los 8 diputados de CatComú-Podem. A los podemitas, no obstante, les basta con abstenerse para que los nacionalistas vuelvan a tener la presidencia de la Generalitat.

Pero la elección del propio presidente también está afectada por esta extraña situación. Tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras deberán presentarse en el Parlamento y defender su programa en una sesión de investidura. Con uno fugado y otro preso, no podrían hacerlo si antes no se aclaran su situación legal. En Euskadi sí que se han vivido este tipo de situaciones. En el pasado, en especial en casos de presos acusados de pertenencia a ETA ,ya hubo reclusos de la banda que fueron enviados desde la cárcel al Parlamento vasco para defender su candidatura. Pero en esos precedentes se trataba de actos simbólicos, ya que no tenían ninguna posibilidad de ser elegidos. En Cataluña la situación es distinta ya que la opción de que Puigdemont o Junqueras sean elegidos es real.

Fecha límite

Una de las posibilidades que está sobre la mesa es que los fugados y los presos renuncien a sus actas para que sus puestos sean ocupados por el siguiente en la lista. Esta hipótesis cambiara la situación. Los nacionalistas se asegurarían sin problemas en esa caso la mayoría en el Parlament -contando con el apoyo de la CUP- pero supondría poner en escena unos cargos distintos a los líderes que han huido o están en la cárcel por liderar el proceso soberanista. En cualquier caso, se trata de un laberinto legal que tendrá que resolverse antes del 6 de febrero, la fecha límite para proclamar presidente.

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