Cuando el fin justifica los medios

La 'razón de estado' está impregnando las resoluciones de los jueces contra el 'procés'

Cuando el fin justifica los medios
XABIER GURRUTXAGA

El gravísimo conflicto que desde hace dos años enfrenta a las instituciones de Cataluña con las del Estado ha producido auténticos destrozos, no solo en el orden político, social y económico sino también en el jurídico. El independentismo obstinado en la vía unilateral pretendió desde el más puro infantilismo crear la legalidad del nuevo estado, infringiendo la legalidad constitucional y estatutaria que durante décadas había legitimado. Cegados por la bondad del fin independentista se creyeron legitimados para ignorar el ordenamiento vigente y poner en marcha una concepción del derecho subordinada al ideal independentista. En las lamentables sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017, donde se aprobaron las leyes del referéndum y la de la desconexión con España, el soberanismo puso en práctica la idea, siempre peligrosa, de que «el fin justifica los medios».

El Gobierno y en general las formaciones españolas, con la excepción de Podemos, se obstinaron también ciegamente en la vía de la negación de cualquier negociación que incluyera la celebración de una consulta. Frente a la unilateralidad de unos, sustentada en la legitimidad democrática de la mayoría parlamentaria, otros, encerrados en una visión petrificada del ordenamiento, esgrimían la razón legal para no hablar.

Cegados en la bondad del fin unionista, se han creído legitimados para ignorar la pretensión democrática de celebrar una consulta pactada, y también para crear las condiciones de presión precisas para que los poderes del Estado, incluido el judicial, interiorizaran la necesidad de actuar en todos los órdenes conforme a la razón de estado.

De esta forma el Gobierno decidió responder con la represión indiscriminada y desproporcionada a los millares y millares de ciudadanos que acudían a la consulta del 1-O. No importaba que la actuación de los agentes no fuera conforme a la ley, sino que fuera contundente.

Es esta 'razón de estado' la que también está impregnando las resoluciones de los jueces y tribunales. En todos ellos se ve una aplicación de la ley extremadamente forzada, contraria a los imputados, que en materia penal no debe darse. Esta situación es manifiesta en los autos de prisión provisional.

Esta 'razón de estado' es la que se esconde tras el auto dictado por el TC el pasado 27 de enero, cuando extralimitándose en sus facultades y sin legitimidad para ello, dictó unas medidas cautelares sobre el debate de investidura en el Parlament. La ley del TC no contempla la adopción de medidas cautelares en supuestos de impugnación de disposiciones sin rango de ley. El único caso contemplado es en los recursos de amparo, para supuestos de urgencia excepcional, pero siempre se adoptarán en la misma resolución de admisión a trámite del recurso. El Constitucional ha realizado algo inaudito, adoptar unas medidas que nadie ha pedido, sin haber resuelto la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno. El tribunal sabe que no puede legalmente admitir a trámite la impugnación. Pero la 'razón de estado' y las presiones recibidas hicieron que se fabricara ex novo la teoría de que este tribunal tiene potestad de adoptar medidas cautelares, como «acto procesal debido». De esta forma, sin todavía haber admitido a trámite la impugnación, conseguía los efectos de suspensión que el Gobierno le pedía. Está claro que el fin no justifica los medios, pero para algunos hay algunos fines que sí justifican ciertos medios.

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