Junqueras eleva los ataques al resto de España: «¿Se llevarán a nuestros hijos?»

Fue el consejero de Empresa de la Generalitat de Cataluña Jordi Baiget, fulminado por Puigdemont, quien verbalizó su temor a perder su patrimonio por participar en la preparación del referéndum, lo que a su juicio podría afectar a su familia. Los dirigentes secesionostas, como les pasa a los condenados del 9-N, se exponen a tener que devolver a sus arcas los fondos públicos empleados para la consulta.

La referencia a los hijos ha sida replicada por el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, con un "pone los pelos de punta". Junqueras se ha mostrado dispuesto a llegar hasta el final en el 1-O, pase lo que pase. "No podemos sucumbir de ninguna manera a la presión, el insulto, la amenaza y el desprecio", ha asegurado.

El presidente de ERC ha emplazado a la ciudadanía catalana a rebelarse contra las amenazas. "No deberíamos resignarnos a normalizar la vía de la amenaza constante contra la voluntad de votar" sino que tendría que ocurrir lo contrario "y todo el mundo debería indignarse", ha señalado. "No nos podemos permitir el lujo de acobardarnos" ante las amenazas, porque "no pueden ser infinitas por parte del Estado español", ha rematado.

Junqueras ha garantizado un día antes de la reunión del ejecutivo catalán en la que se decidirá la compara de urnas que el 1-O habrá urnas y que estarán llenas de votos. No ha confirmado si los ciudadanos que no quieran participar como miembros de las mesas electorales serán sancionados ni si las urnas ya están fabricadas aunque aún no hayan sido compradas formalmente. Sobre los cambios producidos la semana pasada, Junqueras ha negado haber influido en ellos: "Yo no soy quien manda, probablemente no mando ni en casa".

Por otro lado, la CUP ha presentado este lunes un escrito ante el juzgado de instrucción numero 13 de Barcelona, que está investigando la organización del referéndum, y en el que se "autoinculpa" como "coautora y cooperadora necesaria" de su organización.

En dicho escrito, la CUP se inculpa directamente y pide al juzgado que la tenga como parte investigada dada su condición de partícipe en este eventual plebiscito. Además, acompaña el escrito con una lista de todos los actos previstos desde hoy hasta el 1 de octubre, para dejar claro que la CUP "no se esconde".

Con esta acción, y a juicio de su diputado Benet Salellas, la CUP quiere mostrar "la necesidad de hacer frente a la estrategia del miedo que han iniciado las instituciones del Estado contra el referéndum".