La jueza ordena la búsqueda internacional de Puigdemont y cuatro exconsejeros catalanes

Puigdemont y los cuatro exconsejeros que permanecen en Bruselas./R. C.
Puigdemont y los cuatro exconsejeros que permanecen en Bruselas. / R. C.

Lamela remite una petición a Bélgica y otra a Interpol para detener y mandar a prisión a los investigados por eludir la acción de la Justicia

MATEO BALÍNMADRID

El que fuera presidente de la Generalitat hasta hace una semana, Carles Puigdemont, y cuatro de sus consejeros, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), ya se encuentran de forma oficial en la lista internacional de buscados por la Policía por eludir la acción de la Justicia.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, instructora de la querella del fiscal general contra el Govern, acordó ayer por la noche tramitar sendas órdenes de detención y prisión, nacionales e internacionales, contra cada uno de los investigados tras la petición de la Fiscalía.

En sus autos, la jueza acusa a los huidos de los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia. Y, además, remite órdenes tanto a la Justicia belga, donde «al parecer», dice textual, se encontrarían los implicados, y otra a las autoridades policiales nacionales e internacionales a través de Interpol.

De Puigdemont asegura que «lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal y con ello del proceso de secesión al margen de los cauces legales para reformar la Constitución». Añade que junto a otras autoridades, funcionarios y entidades públicas y privadas catalanas, «unieron sus voluntades» para llevar a cabo un referéndum independentista para lograr la secesión de España.

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«Para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional». Asimismo, afirma que «era conocedor de la radical falta de competencia de Cataluña para convocar el referéndum, pese a lo que insistió públicamente en mantener la convocatoria del 1 de octubre como primer paso del llamado proceso de desconexión».

Recoge la jueza la misma mención que en el auto de prisión del jueves contra el exvicepresidente Oriol Junqueras y ocho exconsejeros. En un acto público el 8 de septiembre Puigdemont criticó la actitud de algunos alcaldes catalanes que se opusieron al referéndum. «Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas», manifestó en un mitin en San Juan de Espí.

Del mismo modo, el auto asegura que Puigdemont hizo posible realizar pagos por 6,2 millones de euros de forma deliberada «para llevar a cabo un acto no contrario a Derecho, sino constitutivo se delito» en tanto que vulneraba las resoluciones del Constitucional.

Hasta 100 días para resolver

De forma previa, la Fiscalía había expuesto en un breve escrito que «constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso» por parte de estos cinco investigados.

De Puigdemont, señaló que «ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual».

Ayer, el abogado belga del expresidente, Paul Bekaert, dijo a la televisión VRT que Puigdemont considera que «el clima no es bueno en la actualidad para testificar y es mejor tomar distancia». Agregó que, sin embargo, el cesado presidente estaría dispuesto a trabajar con los tribunales españoles o belgas.

Una vez se libren esas órdenes europeas de detención y entrega, si Puigdemont y sus consejeros rebeldes se oponen a la entrega conseguirían permanecer en territorio belga mientras se tramitase su entrega a España, entre 70 y 100 días como máximo, acogiéndose a los plazos legales. Una estrategia procesal que conseguiría dilatar el procedimiento, evitar su ingreso en prisión y ganar tiempo para su actual objetivo político: la internacionalización del proceso soberanista tras la aplicación del artículo 155.

Con esas premisas, Puigdemont eludiría por tanto su puesta a disposición de la Justicia española hasta después de las elecciones del próximo 21-D. A la espera de que se resuelva la entrega, sobre la que debe pronunciarse en breve un tribunal belga, la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo (que desarrolla la decisión marco del Consejo Europeo que regula las órdenes europeas de detención y entrega), estipula que, cuando se haya emitido una euroorden, España podrá solicitar, antes de que el país al que se reclama la entrega se haya pronunciado sobre la misma, «bien el traslado temporal a España de la persona reclamada para la práctica de diligencias penales o la celebración de la vista oral, o bien ser autorizada para trasladarse al Estado de ejecución con el fin de tomar declaración a dicha persona».

En ese supuesto, a Puigdemont y sus exconsejeros, por tanto, se les podría tomar declaración en España, en cuyo caso regresarían a Bélgica mientras se tramitase la orden, o en territorio belga.

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