La juez envía a prisión a Junqueras y otros siete exconsejeros de la Generalitat

Los exmiembros del Govern llegan a la Audiencia Nacional. / AFP

La magistrada justifica la medida por el riesgo de fuga de los antiguos miembros de la Generalitat

MATEO BALÍN

La Audiencia Nacional escribió ayer una de la páginas más trascendentales en sus 40 años de vida. La jueza Carmen Lamela firmó la respuesta penal del Estado a dos años de desafío independentista en Cataluña. Un proceso político considerado ilegal por el Tribunal Contitucional y cuya fase culminante se desarrolló desde el pasado 6 de septiembre, con la aprobación de las leyes de ruptura, hasta la votación en el Parlament el 27 de octubre de la declaración unilateral de independencia.

Pasadas las cinco de la tarde, Lamela dictó un auto de 19 páginas en el que ordenaba el ingreso en prisión provisional sin fianza para más de medio Govern (la otra parte se encuentra en Bélgica). Un Ejecutivo que cesó en sus funciones cuando el Gobierno central decidió destituir a todos sus miembros el pasado sábado, una medida tomada al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el aval previo del fiscal general, cuya querella del lunes motivó las citaciones de ayer, la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres acordó la prisión incondicional para el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva (Exteriores), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), Carles Mundó (Justicia), Jordi Turull (Presidencia) y Dolors Bassa (Trabajo).

Junqueras y los cinco exconsejeros fueron enviados a la prisión de Madrid VII (Estremera), mientras que las dos miembros de la Generalitat fueron llevadas al centro de Madrid I (Alcalá Meco).

Como viene siendo habitual en todo lo que rodea al proceso soberanista, los acontecimientos se precipitaron. Las entidades soberanistas volvieron a realizar un llamamiento a las movilizaciones ciudadanas -varios miles salieron a las calles en Barcelona y se multiplicaron las caceroladas populares a las diez de la noche-, Carles Puigdemont lanzó una declaración en la que hablaba de represión «feroz» y tanto el PDeCAT como ERC están obligados a replantearse cómo se presentan a las elecciones del 21-D.

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Investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, que en conjunto sumarían en el caso máximo 50 años de prisión, Lamela consideró que se daban los presupuestos necesarios para enviarlos a prisión sin fianza porque si quedaban en libertad había un «alto riesgo» de reiteración delictiva, posibilidad de ocultación y/o destrucción de pruebas y riesgo de fuga. En este punto, la jueza afirma que «basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido».

Una nítida referencia a la decisión del expresident Carles Puigdemont de coger un coche a Marsella (Francia) el pasado lunes poco antes de conocer la querella del fiscal general y volar a Bruselas para eludir la acción de la Justicia. Además de Puigdemont, ayer tampoco comparecieron los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Lluís Puig (Cultura) y Clara Ponsatí (Enseñanza). La Fiscalía pidió las pertinentes órdenes nacionales e internacionales de búsqueda, captura y entrega, que la jueza tiene previsto resolver hoy.

El caso del exconsejero de Empresa Santi Vila requiere una mención aparte. Compareció en la Audiencia Nacional y, a diferencia de la estrategia de sus antiguos compañeros, sí contestó a las preguntas del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo y de su abogado durante 45 minutos. Su colaboración le valió que se dictara en su caso prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Una noche en prisión y hoy su excarcelación para dormir en casa tras pagar esa cantidad.

También pesó que dimitiera de su cargo antes de la votación de la declaración de independencia en el Parlament. «Frente a los demás querellados -escribió la jueza- no se aprecia en el señor Vila el riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que él mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista (...) lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista».

En cinco minutos

Los encarcelados, en cambio, solo contestaron a preguntas de sus abogados en unas breves comparecencias de cinco minutos y esperaron durante tres horas la decisión de la jueza tras celebrarse la pertinente vistilla sobre medidas cautelares.

La magistrada, que ya encarceló a los líderes de las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural, hizo un relato pormenorizado de los principales hitos en estos dos años de un proceso político que se ha desarrollado mediante una «acción «meditada y perfectamente organizada».

Asimismo, afirmó que hubo un «reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas». Recordó que los exconsejeros presos Ponsatí y Forn son socios de ANC, y Romeva, Turull y Bassa, de Òmnium Cultural. Para la consecución del «fin secesionista que guiaba su conducta», los querellados se valieron de la población «alentando actos de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso», remachó la juez en su auto de prisión.

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