Los inversores catalanes implicados en el ‘caso De Miguel’ solicitan la prescripción de sus delitos

Alfredo de Miguel habla por teléfono a la salida del Palacio de Justicia de Vitoria./Igor Aizpuru
Alfredo de Miguel habla por teléfono a la salida del Palacio de Justicia de Vitoria. / Igor Aizpuru

El juicio se suspende hasta el próximo jueves, cuando la Fiscalía tratará de responder a los argumentos expuestos por las defensas en las tres primeras jornadas del ‘macroproceso’

Ander Carazo
ANDER CARAZO

La prescripción de los supuestos delitos ha sido uno de los argumentos más repetidos por parte de los abogados de los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’ para evitar que se inicie el juicio oral. Este jueves se han sumado a esa idea los representantes legales de los inversores catalanes Francesc Fernández Joval, Placid Casas Baques , Joaquim Sabater Bou y Ramón Tomás Riba –para quienes la Fiscalía solicita siete años y seis meses de cárcel– implicados en la adquisición de opciones de compra por terrenos recalificables en la localidad alavesa de Zambrana, en lo que pretendía convertirse en un auténtico ‘pelotazo’, y por lo que pagaron importantes sumas de dinero a Iosu Arruti, socio y amigo íntimo de Alfredo de Miguel, y su padre, ambos militantes del PNV.

Con esta operación –que siguió adelante pese al informe contrario de los técnicos y que sólo se frustró tras la llegada del PSE a Ajuria Enea, cuando ya se habían firmado una veintena de contratos por valor de 300.000 euros– se pretendía poner en marcha un polígono industrial mediante una recalificación de terrenos supuestamente irregular. Por esa razón, los cuatro empresarios catalanes se incluyen entre los 26 procesados en el ‘macroproceso’, que incluye a antiguos altos cargos, militantes y ‘fontaneros’ relacionados con el Partido Nacionalista Vasco. Entre ellos destaca De Miguel, que hasta el momento de su detención –en marzo de 2010– era ‘número dos’ del Araba buru batzar (ABB) y del Gobierno foral de Xabier Aguirre, y que el juez instructor del caso consideró líder de «un entramado societario» creado para conseguir contratos públicos de manera irregular y recibir a cambio comisiones.

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Los letrados de los cuatro catalanes han defendido que los delitos que se les imputan (cohecho, falsedad documental continuada y asociación ilícita en grado de colaborador) «han caducado». «No cometieron ningún delito y si lo hubiesen hecho están prescritos», ha subrayado uno de los abogados. El compañero que le ha tomado el relevo en el uso de la palabra ha pedido al tribunal –presidido por Jaime Tapia– que tome una decisión en esta fase previa y no se retrase a la sentencia porque «se daña a la imagen» de estos empresarios.

La terna de magistrados no tomará esa decisión al menos hasta finales de la próxima semana. Y es que el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha solicitado retrasar al día 18 su respuesta a los abogados de los imputados que, durante las tres últimas jornadas, han intentado romper los nudos de la supuesta red corrupta que se evidenció en el escrito de acusación, por el que se solicita una pena global de cárcel que supera los 450 años. En la sesión, los jueces intentarán determinar cuál es el orden de declaración, ya que la defensa insiste en que tendría que retrasarse hasta el final del proceso la declaración de los acusados para que no sea vean influenciados los testigos.

Los abogados de los inversores de la fallida y turbia macrorrecalificación urbanística de Zambrana –desvelada en su día por EL CORREO– han insistido en anular las grabaciones realizadas por la abogada Ainhoa Alberdi y que fue el primer hilo del que tiraron los investigadores, y que provocaron la detención de ‘Txitxo’ (como los conocidos le llaman a De Miguel) y otras siete personas de su entorno, entre los que estaban los antiguos miembros del ABB Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Estos letrados evocaron el denominado ‘caso Guateque’, en el que estaban implicados una treintena de empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid acusados de organizar una trama para agilizar licencias por sobornos durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde quedaron absueltos al considerarse nulas las pruebas de audio.

En aquella ocasión, el magistrado tomó la decisión porque consideró demostrado que la Guardia Civil, de espaldas a la Justicia, había entregado al denunciante una grabadora para registrar las conversaciones en las que se confesaban los delitos. De momento, en el ‘caso De Miguel’ se cree que Alberdi hizo esto de ‘motu proprio’.

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