Interior intensifica las expulsiones de yihadistas

Operativo policial contra un presunto miembro del Ejército Islámico en Mallorca./EFE
Operativo policial contra un presunto miembro del Ejército Islámico en Mallorca. / EFE

El Gobierno, que ha desterrado a 154 terroristas en 10 años, también se centra en los colaboradores y en los captadores

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Es, quizás, la faceta de la política antiterrorista del Gobierno más oculta. El Ministerio del Interior, amante de las estadísticas sobre operaciones yihadistas, nunca facilita datos oficiales sobre esta estrategia que, coinciden todos los responsables de la seguridad del Estado, está siendo «extremadamente eficaz». Son las expulsiones sumarias, por vía administrativa, de yihadistas a sus países de origen. Ya sean terroristas, captadores o colaboradores que han cumplido condena o simples sospechosos de simpatizar con postulados radicales del islam.

Aún más secretas son las deportaciones de sospechosos jamás condenados

Este periódico ha tenido acceso al último balance de Interior que da buena cuenta del volumen de estas deportaciones que comenzaron a practicarse, de forma tímida entonces, tras los atentados del 11-M de 2004. Solo en la última década han sido expulsados 154 expresos de forma administrativa. Esto es, no porque la sentencia en sí ordenara su destierro tras su paso por prisión, sino usando los artículos 54 y 57 de la ley de extranjería que facultan al Estado a deportar a cualquier foráneo que incurra, siempre a criterio de la Administración, en una «infracción muy grave» por «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países».

De los 154 expulsados, 103 eran exreclusos condenados por pertenencia a banda armada o participación en atentados. Entre los deportados por esta vía están, al menos, cuatro de los condenados de la matanza de los trenes en Madrid. En 2014 fue repatriado a Marruecos Rafa Zouhier, el confidente que ayudó a la célula a conseguir en Asturias los explosivos. Este mismo año han sido desterrados otros dos exconvictos del 11-M, entre ellos, Youssef Belhadj, considerado el ‘cerebro’ de los atentados, que en febrero fue trasladado, tras doce años de prisión en España, a Marruecos, donde se enfrenta a nuevos cargos.

«Seguridad nacional»

La cifra de condenados por pertenencia a banda terrorista se ha ido reduciendo en los últimos años con la eclosión del Daesh. La inmensa mayoría de los detenidos en el último lustro lo ha sido por colaboración con el Estado Islámico. En 2015 se reformó el Código Penal precisamente para poder castigar penalmente esas nuevas formas de terrorismo que antes no se contemplaban, aunque son penas cortas que se acompañan automáticamente con la expulsión.

Pero si el destierro de los exreclusos yihadistas es una faceta desconocida de la lucha antiterrorista, aún más secretas son las deportaciones de sospechosos, jamás condenados, que también están siendo desterrados en aplicación de la ley de Extranjería y su supuesta participación en actividades contrarias a la «seguridad nacional». Sobre el volumen de estas expulsiones administrativas sumarias sin condena no hay datos oficiales, pero, según admiten fuentes de Interior, se están produciendo «continuamente». Sobre todo, desde que a finales del pasado año el Tribunal Supremo, tras años de deportaciones, diera su visto bueno al destierro de radicales islámicos aunque sean absueltos o se archiven las acusaciones contra ellos.

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