Interior confía en que sanciones exprés eviten actos de rebeldía de los mossos

Agentes de los Mossos patrullan por el centro de Barcelona./EFE
Agentes de los Mossos patrullan por el centro de Barcelona. / EFE

La Secretaría de Estado de Seguridad prepara planes de contingencia para, llegado el caso, hacerse cargo de algunas comisarías

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

En el Ministerio del Interior no tienen la menor duda de que la toma del control de los más de 17.000 miembros de los Mossos d’Esquadra no va a ser fácil y que va a haber resistencia entre los sectores más radicales del cuerpo autonómico. No obstante, los escenarios que barajan los expertos del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido no apuntan a una rebelión generalizada. Al menos, por el momento. Están convencidos de que las sanciones expeditivas que ya anuncia el texto del artículo 155 -entre las que caben la inmediata separación del cuerpo con la suspensión de empleo y sueldo por vía disciplinaria- tendrán un poder disuasorio, sobre todo entre las escalas inferiores -intermedia, ejecutiva y básica-.

Todos los analistas de Interior creen que el mayor problema a partir del sábado serán los miembros de la escala superior, a la que pertenecen 15 comisarios y 43 intendentes. Los expertos de la seguridad del Estado señalan que son algunos de estos altos funcionarios los que mayor sintonía tienen con las tesis de la Generalitat y los que podrían arriesgarse a desobedecer a Interior una vez se cese fulminantemente al director general del cuerpo, Pere Soler (señalado por la Guardia Civil como uno de los organizadores de las contravigilancias a los promotores del 1-O) y al ‘major’ de los Mossos, Josep Lluís Trapero, imputado por sedición en la Audiencia Nacional.

En Perpiñán se ofrecen para acoger a la Generalitat en el exilio

Unitat Catalana (UC) y el Comité para la Autodeterminación de Cataluña Norte, dos movimientos del Rosellón (Francia) simpatizantes con la causa independentista, han ofrecido al Gobierno de Carles Puigdemont una casa de 400 metros cuadrados en el municipio de Théza, a diez kilómetros al este de Perpiñán, y una treintena de pisos para eludir las eventuales actuaciones de los tribunales españoles. «Con esta propuesta queremos expresar nuestra solidaridad y mostrar que nos organizamos si la situación degenera. Acogemos a refugiados sirios y también podemos acoger a los catalanes», declaró Jaume Roure, presidente de UC.

Interior -afirman responsables de los planes- no va titubear para expedientar de manera exprés, e incluso destituir, a los altos mandos que desoigan las «instrucciones directas y de obligado cumplimiento» que recoge el texto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado sábado. En la sede del ministerio se recuerda que esa resolución hace especial hincapié en las sanciones específicas para los miembros del cuerpo autonómico recalcitrantes y que estas, además de penales podrán ser «patrimoniales, contables o disciplinarias». «Lo que en algunos casos podrían derivar a la larga en el expulsión del cuerpo», señalan.

No solo antidisturbios

Entre los 6.000 funcionarios de la Guardia Civil y la Policía desplazados como refuerzo a Cataluña -explican estos mismos responsables- no solo hay antidisturbios. También hay centenares de funcionarios de Policía Judicial, de los servicios de Información y de Asuntos Internos listos para agilizar cualquier trámite administrativo con pruebas contra los ‘insurrectos’.

La Secretaría del Estado, aunque en principio no tienen indicios de que una rebelión generalizada, no descarta «escenarios más complicados», en particular que comisarías completas se nieguen a acatar órdenes o las boicoteen. Por eso, Interior también ha preparado «planes de contingencia» para hacerse cargo de comisarías puntuales. Incluso, de llevar a cabo trabajos de seguridad ciudadana en ciertos territorios. El propio texto del Gobierno -señalan los responsables de la seguridad del Estado- ya abre la puerta a que efectivos de la Guardia Civil y la Policía puedan «sustituir» a mossos «en el caso de que sea necesario».

Los análisis que tienen encima de la mesa los expertos de la Secretaría de Seguridad, no obstante, apuntan a que una gran mayoría de los funcionarios del cuerpo autonómico no está dispuesta a jugarse la nómina o su futuro profesional. Esos mismos informes hacen hincapié en el creciente malestar en el cuerpo -del que se ha hecho eco ya algún sindicato públicamente- por la decisión de la jefatura de los Mossos de no dar la cara por los 7.850 agentes que participaron en el despliegue del 1-O. En una reunión que tuvo lugar el 17 de octubre en el Complex Central Egara, el cuartel general de los Mossos en Sabadell (Barcelona), la jefatura comunicó a todos los sindicatos que la Audiencia Nacional había pedido el listado de funcionarios que tomaron parte en el despliegue para localizar a los mossos que aparecen «inactivos» frente a las votaciones y que de la promesa de que «los mandos asumirían toda la responsabilidad» no quedaba nada.

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