¿A quién le importa que no voten los pobres?

La reforma electoral no tiene en cuenta la exclusión política de los votantes con menos ingresos

¿A quién le importa que no voten los pobres?
Braulio Gómez
BRAULIO GÓMEZ

La reforma electoral se ha colado por fin en la agenda principal de la política española y no toca el problema más importante de la representatividad de nuestras democracias: la exclusión política y electoral de los más pobres de nuestra sociedad. La crisis de la representación focalizó buena parte del movimiento de indignación ciudadana que surgió al calor del 15-M. «No nos representan» fue uno de los eslóganes más repetidos para denunciar la inutilidad de los viejos partidos, que entonces eran todos, para solucionar los nuevos problemas que estallaron con la gran crisis económica y financiera. Desde un inicio se trabajaron diferentes propuestas de mejora del sistema electoral con el fin de incrementar la calidad de la representación a través de la introducción de una mayor proporcionalidad en las reglas electorales para acabar con el bipartidismo. Mejorar la proporcionalidad y el ajuste entre los votos obtenidos y la representación en escaños sigue estando en el corazón de la propuesta que comparten los herederos del 15-M y Ciudadanos en tiempos ya del posbipartidismo.

Es un hecho que ni en el movimiento del 15-M ni en el electorado que se ha ido configurando alrededor de Podemos están los más desfavorecidos de nuestra sociedad, los que han sufrido más los efectos de la crisis. Los ciudadanos con menos recursos económicos y que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de pobreza no apoyan a Podemos ni a ningún otro partido. Sencillamente, no votan. Quizás por eso no estén en la agenda de ninguno de los grupos cuando se vuelve a hablar de la reforma electoral.

Se presentan medidas para reducir la desigualdad de género en la representación a través de las listas cremalleras. Se proponen medidas enfocadas al millón de jóvenes que están entre los 16 o 18 años para que puedan introducir sus preferencias en el proceso electoral. Se intenta controlar el poder de los partidos proponiendo la apertura de las listas electorales para que los ciudadanos puedan seleccionar a sus candidatos preferidos sin que se tengan que tragar la alineación partidista. Precisamente esta medida, la de cambiar las listas cerradas por unas más abiertas, está demostrado que aumenta la brecha de la desigualdad en la participación electoral. Los más pobres participan menos cuanto más se aumenta la complejidad del acto de la votación.

La reducción de la desigualdad es uno de los retos más importantes que tienen nuestros países, incluido Euskadi. Los ciudadanos que viven en peores condiciones son los que menos votan y por lo tanto, los que menos introducen sus preferencias en el sistema. Por eso, es urgente incorporar el enfoque de la desigualdad en la participación en cualquier reforma del sistema electoral que se plantee. Es tan importante, por lo menos, como mejorar la proporcionalidad, la paridad, la calidad de la información en las campañas electorales o los derechos de los más jóvenes. Los ciudadanos más desfavorecidos no pueden poner sobre la mesa sus demandas. Sencillamente, no saben dónde está esa mesa ni se ha hecho ningún esfuerzo por parte de los representantes de los ciudadanos incluidos para cambiar las reglas y favorecer su inclusión dentro de la democracia representativa.

La abstención extrema, esa que se produce en algunas barriadas donde no vota más de la mitad de sus vecinos, no está repartida de forma aleatoria. Se sitúa siempre en los barrios de menos renta. Alguien tiene que pensar qué medidas se podrían tomar a través de una reforma de la ley electoral para incorporar a las urnas a los más pobres.

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