En la hora del cambio

Disuelta oficialmente la banda, derrotada por la democracia y sin haber logrado ni una sola de sus pretensiones políticas, parece el momento adecuado para que el Ejecutivo introduzca cambios en la política penitenciaria de forma progresiva. No se trata de llevar a cabo un acercamiento en bloque de todos los terroristas encarcelados en España a centros penitenciarios de la comunidad autónoma vasca y de Navarra, sino de movimientos individualizados de reclusos en la medida en que repudien la violencia, reconozcan el daño causado y acepten –ya han comenzado a hacerlo– la legalidad penitenciaria.

La política de dispersión que mantiene a los etarras desperdigados por establecimientos carcelarios de todo el Estado no se diseñó como una simple medida punitiva contra unos terroristas con gravísimos historiales delictivos en su fallida intención de torcer la voluntad del Estado y lograr unos objetivos políticos con el chantaje y la sangre. Fue una inteligente herramienta que ayudó a combatir a la organización hasta su derrota final.

ETA hoy es ya pasado. No sus fechorías. Menos aún la obligación de la democracia de no desatender a las víctimas y de esforzarse para que quienes durante décadas jalearon y ayudaron a los asesinos no consigan asentar un relato falaz de la tragedia vivida durante medio siglo.

Eso quiere decir que ya es posible otra política con los etarras encarcelados. No porque el nuevo Gobierno socialista haya llegado a pactos ocultos con nadie en tal sentido. Simplemente porque lo que fue una necesidad ya no lo es. Y la prisión, en nuestro ordenamiento constitucional, sigue teniendo como objetivo final la reinserción social del preso.

Resulta previsible que el cambio, esperado y respaldado por la mayoría de la sociedad vasca, no merezca idéntica acogida en el resto de España. Tampoco en algunos colectivos de víctimas. E incluso en partidos como Ciudadanos o el PP, cuyo Gobierno se negó hasta el último día a dar este paso. La racanería de la izquierda abertzale, su negativa a abjurar del pasado desde luego no ayuda.

Aún así, la presencia en Interior de una persona que combatió sin descanso a ETA y que sufrió persecución por ello, como el exjuez Grande Marlaska, constituye toda una garantía de que los cambios que vayan a hacerse se llevarán a cabo con prudencia y de forma individualizada. Ayer se comprometió con las asociaciones de víctimas a notificarles con carácter previo cualquier modificación. Una promesa tan acertada como necesaria. La pedagogía resulta clave en este asunto.

Pese a ello es muy posible que ciertos colectivos rechacen todo cambio. Se trata de una posición respetable, pero que no debe frenar la acción de un Gobierno democrático.

Otro tanto cabe esperar del PP y de C's. Pues bien, no estaría de más que los primeros recordaran que Aznar y Mayor Oreja acercaron en los años 90 a decenas de etarras cuando buscaban el fin de la banda. Hoy ETA ya es pasado. Dos detalles a no olvidar.