Los gobiernos vasco y navarro arremeten contra el fiscal por el 'caso Alsasua'

El Parlamento foral aprobará una declaración institucional, asumida por el PNV, en la que lamenta la «sinrazón» de la petición de penas

Olatz Barriuso
OLATZ BARRIUSO

La petición de penas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra los ocho procesados por las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en octubre pasado en un bar de Alsasua ha levantado ampollas en los gobiernos vasco y navarro, que clamaron ayer contra la «desproporción» de las condenas solicitadas. El escrito de acusación del Ministerio Público, conocido el martes, pide hasta 62 años de cárcel para uno de los acusados por lesiones y amenazas terroristas; a otros seis procesados les reclama 50 años de prisión y a una octava acusada 12 años y medio. En total, las penas suman 375 años de cárcel, y se ajustan a las previsiones de la reforma del Código Penal de 2015, pensada para combatir el terrorismo yihadista.

El Gobierno foral dejó claro ayer que «no comparte» la «desproporción» de la petición fiscal ni la tipificación de los hechos como delito de terrorismo y recordó que en su día la Audiencia Provincial navarra tampoco vio indicios para juzgarlos así, por lo que reclamó que la vista se celebre «en Pamplona». La portavoz de Uxue Barkos, María Solana, confirmó que el Ejecutivo ha hecho suya la petición del Parlamento para reclamar «el levantamiento de las medidas extraordinarias de aislamiento y separación» que pesan sobre los procesados, de entre 21 y 31 años. Así se hizo la semana pasada, según la portavoz, pero aún no han recibido respuesta.

El Gobierno vasco hizo suyo el posicionamiento del Ejecutivo foral y el de la Audiencia provincial y confió en que las condenas finales no sigan la estela del escrito del fiscal. «Esperamos que en lo que resta del proceso impere el sentido de la proporcionalidad por el bien de todos», subrayó el secretario de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación, Jonan Fernández.

El Parlamento foral aprobará con los votos a favor del cuatripartito una declaración institucional registrada ayer. Aunque no pudo debatirse por no haber sido convocada la Junta de Portavoces con la antelación suficiente, el texto, asumido por el PNVy firmado por su presidente en Navarra Unai Hualde, expresa «su más rotunda discrepancia» con la petición fiscal y lamenta la «desproporción y sinrazón inaceptables» que ha alcanzado el caso, que incluso califica como «contrarias a la normalidad y convivencia democráticas».

En términos más duros se expresó Sortu, que habló de «ensañamiento» y «extrema crueldad», mientras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, consideró que no es «demasiado sensato volver a la excepcionalidad». La asociación mayoritaria de guardias civiles, personada como acusación popular, aplaudió la petición de penas y enmarcó la paliza en «la estrategia de ETA y su entorno» para expulsar de Euskadi a las fuerzas de seguridad.

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