El Gobierno vasco rebaja a un mero acto «simbólico» la cadena soberanista

Los burukides Ortuzar y Atutxa con Aburto y sus concejales en Bilbao./EFE
Los burukides Ortuzar y Atutxa con Aburto y sus concejales en Bilbao. / EFE

Pese a volcarse en la iniciativa de Gure Esku Dago, el PNV descarta que pueda condicionar la labor del Parlamento

Olatz Barriuso
OLATZ BARRIUSO

La gran cadena humana por el derecho a decidir que, impulsada por Gure Esku Dago (GED), cruzó el domingo Euskadi a través de sus tres capitales no tendrá más recorrido político que el meramente festivo y reivindicativo de sacar a la calle a una multitud. Entre otras cosas, porque el debate sobre el nuevo estatus vasco ya está depositado en el Parlamento, y en él permanecerá con la idea de que el borrador de texto articulado que salga de la ponencia de Autogobierno pueda obtener el necesario plácet de las Cortes Generales. Ése es el análisis que se hace en el Gobierno vasco de la iniciativa que el domingo reunió a 175.000 personas en las calles de Euskadi, según los organizadores, y que, de forma más o menos críptica, exteriorizó también el portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, al rebajar el alcance de la iniciativa a lo meramente «simbólico».

En una entrevista en ETB-1, el también consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno consideró, en cambio, «muy significativo» que el recorrido finalizara frente a la Cámara vasca porque eso quiere decir, según su interpretación, que la calle le «pasa el testigo» a las instituciones y reconoce que la labor del Parlamento «va a ser imprescindible para canalizar de manera institucional y ordenada lo que se reivindica».

La cadena, apoyada por los principales cargos internos e institucionales del PNV pero no por el Gobierno vasco, terminó frente al Parlamento porque precisamente ahora los grupos han entrado en harina para intentar pactar unas bases comunes que alumbren una reforma del Estatuto de 1979. La plataforma soberanista busca que sobre los trabajos de la Cámara pese la idea de que el derecho a decidir es una reivindicación muy mayoritaria de la sociedad vasca, que, por lo tanto, el acuerdo que se alcance en el Parlamento está obligado a recoger. Pero la inclusión del derecho a decidir solo pone de acuerdo a PNV y EH Bildu y, con matices a Podemos, que ya aclaró ayer que su planteamiento es «diferente» al reivindicado por GED y se basa en el ejercicio pactado de ese derecho, a través de una ley de claridad.

Por ahora, el PNV ha pactado el preámbulo y capítulos del nuevo Estatuto solo con la izquierda abertzale, pero los propios jeltzales reconocen que el debate parlamentario está en una fase previa y «táctica» y que la hora de la verdad llegará cuando los expertos y juristas propuestos por los grupos redacten el borrador del articulado -o varias alternativas dada la ausencia de puntos de acuerdo entre los partidos- y ese texto o textos vuelvan a la Cámara para su ratificación. Ese pacto final, según han subrayado destacados dirigentes del PNV en público y en privado, deberá suscitar un consenso «amplio y transversal». El PNV es consciente de que los socialistas, socios en Euskadi y, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, también en Madrid, colocan su 'línea roja' en el reconocimiento del derecho de autodeterminación y saben también que, planteado como concepto jurídico, no pasaría el corte en Madrid y sería susceptible de recurso previo ante el Constitucional.

El plan Ibarretxe

El PNV tiene claro que no quiere repetir la historia del plan Ibarretxe, que en 2005 recibió un sonoro portazo en el Congreso. «No tiene sentido hacer nada que no tenga recorrido parlamentario en Madrid», apuntan las fuentes consultadas. La advertencia cobra más sentido ahora que el vuelco político ha traído un Gobierno del PSOE dispuesto a abrir el debate sobre el modelo territorial. Un diálogo en el que, han advertido, no cabe el derecho a decidir.

Las palabras de Erkoreka dejaron claro que el Ejecutivo vasco observa con distancia la iniciativa de GED, como puso de manifiesto el mismo domingo el lehendakari, que se limitó a felicitar a la plataforma «si se han cumplido sus expectativas». También dejó claro que no acudió porque entendía que la iniciativa estaba dirigida a la sociedad vasca y no a las instituciones, un velado tirón de orejas a los alcaldes y diputados generales de su partido que sí acudieron. El portavoz del Ejecutivo vasco también dio muestras de la frialdad con la que la institución mira la cadena humana. Mientras la presidenta del Parlamento vasco, por ejemplo, opinó el domingo que se demuestra que «existe un pueblo activo» que exige ser consultado, Erkoreka enmarcó la iniciativa en «el ejercicio de la libertad de expresión en un ambiente festivo» e insistió en que se ha pasado el «testigo» a la Cámara para que tenga en cuenta esa reivindicación «junto a muchas otras» de la sociedad vasca. Destacó que «no todo el mundo está de acuerdo» en Euskadi con los objetivos de la movilización e insistió en que aún queda mucho debate en el Parlamento vasco.

La dirección del PNV eludió ayer valorar el alcance de la iniciativa, igual que el domingo, cuando Ortuzar rehusó hacer declaraciones para no robar protagonismo «a la ciudadanía». Fuentes consultadas en el partido creen que Sabin Etxea, que siempre ha recelado de cualquier movimiento que pretenda tomar la delantera a los partidos como en Cataluña, tiene claro que puede ensanchar su espacio electoral apoyando una iniciativa que no tendrá más recorrido práctico ni condicionará el trabajo parlamentario y que no suscita ni de lejos la misma adhesión que impulsó el órdago catalán.

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