El Gobierno vasco quiere acordar con Madrid y París una nueva política penitenciaria

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco, en una imagen de archivo./
Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco, en una imagen de archivo.

La medida, anunciada hoy por el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, forma parte de la lista de objetivos establecidos por Lakua para «avanzar» en la normalización tras el desarme de la banda terrorista

Octavio Igea
OCTAVIO IGEA

El Gobierno vasco ha fijado entre sus retos para este año en materia de paz y convivencia promover acuerdos con los ejecutivos español y francés y los grupos parlamentarios para favorecer una «nueva orientación» de la política penitenciaria que facilite el acercamiento de presos de ETA. La medida, anunciada este martes por el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, tras el Consejo de Gobierno, forma parte de la lista de objetivos establecidos por Lakua para «avanzar» en la normalización tras el desarme de la banda terrorista, cuya disolución «unilateral, efectiva y definitiva» también queda fijada como prioritaria para 2018.

El Consejo de Gobierno hizo este martes balance de la evolución del Plan de Convivencia y Derechos Humanos del Ejecutivo Vasco durante 2017 y ha marcado la hoja de ruta para los próximos meses poniendo el acento, entre otros asuntos, en el final de ETA y el acercamiento de sus reclusos. Aunque el fin de la dispersión es un objetivo del Gobierno vasco desde su conformación en 2016, Erkoreka insiste en ello apenas unas semanas después de que el Ejecutivo francés haya abierto la puerta por primera vez al acercamiento de etarras a las prisiones más cercanas a Euskadi. Una novedad que no afectará a la situación en España. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya ha dicho que la posición del Estado «no va a variar» mientras ETA no se disuelva.

Pese a que las posturas parecen inamovibles, Erkoreka ha insistido en la búsqueda de consensos y en la posibilidad de que Vitoria y Madrid abran vías de diálogo sobre la dispersión. Además de darle una nueva orientación a la situación de los presos etarras, el Ejecutivo autonómico quiere promover una «reflexión crítica» compartida sobre la «injusticia del daño causado» por las «violaciones de derechos humanos provocadas por el terrorismo y la violencia» que implique a los Gobiernos y el arco parlamentario.

El Gobierno Vasco insiste también en la defensa de la «legalidad y constitucionalidad» de la conocida como ley de víctimas policiales a pesar de que el Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de varios de sus artículos. Así, se va a poner en marcha la comisión de valoración prevista en esa norma para que desarrolle sus funciones en todo aquello que no esté suspendido mientras el TC se pronuncia sobre el recurso interpuesto por el Gobierno español.

El Ejecutivo central recurrió esa norma aprobada por el Parlamento vasco al considerar, entre otras cuestiones, que la comisión de valoración, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a analizar casos de violencia policial, porque ésta es una labor que corresponde a los jueces.

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