El Gobierno vasco pide abandonar la dispersión para evitar que el «impacto injusto» sobre los familiares se «cronifique»

El Gobierno vasco pide abandonar la dispersión para evitar que el «impacto injusto» sobre los familiares se «cronifique»

Presentan un informe sobre la situación de los allegados de presos de ETA elaborado por el instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto

LORENA GIL

El Gobierno vasco ha pedido al Ejecutivo central que abandone la actual política penitenciaria «de alejamiento» para evitar que el impacto «innecesario e injusto» que sufren los familiares de los presos «se cronifique». La Secretaría para la Convivencia ha hecho suyo el informe que en otoño de 2016 encargó al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y cuyas conclusiones se han presentado esta mañana en Bilbao.

El documento ha querido plasmar la situación de los allegados de reclusos de ETA -se ha contado con la colaboración de la asociación Etxerat- y se divide en dos partes. Por un lado, a modo de radiografía cuantitativa, recoge que en el momento en el que se realizó el estudio existían un total de 332 personas cumpliendo condena en cárceles españolas y francesas, de las cuales alrededor de 200 lo hacían a más de 1.200 kilómetros de su lugar de residencia habitual. Pero el informe busca sobre todo realizar «una mirada humana y humanitaria» a la situación de los allegados de los presos. Para ellos se han realizado catorce entrevistas anónimas a familias de reclusos. El estudio recoge el «esfuerzo físico, psicológico y también económico» que les supone desplazarse -una vez al mes- a los centros penitenciarios. «En viajes que en ocasiones duran más de un día», ha señalado José Ramón Intxaurbe, del Instituto Pedro Arrupe. «En los últimos años de su vida la amama no lo pudo ver. Dos años antes de morirse, ella veía que estaba mal y nuestro hijo un día nos dijo: ‘Quiero ver a amama’. En el viaje tardamos tres días: uno para bajar, dormimos en el hotel, al día siguiente hicimos la visita, volvimos a dormir y al otro hicimos la vuelta», relata en el informe uno de los allegados entrevistados. Los casos de personas con movilidad reducida, menores de edad y riesgos de accidentes también vienen reflejados en el mismo.

El estudio, que se hará llegar desde Gobierno vasco a los responsables en materia penitenciaria de España y Francia, aboga, en su apartado de recomendaciones, por poner fin a la política generalizada de dispersión y «el retorno a un tratamiento individualizado de las penas». «La legislación se reserva un margen discrecional para elegir el centro al que envía al preso, pero también se establece que debe evitarse el desarraigo social de los penados, y ahí entran las familias. Ellas son el nexo de unión entre los reclusos y la sociedad a la que van a volver», ha remarcado Intxaurbe. En la presentación también han estado presentes Gorka Urrutia, del Pedro Arrupe, y por parte del Gobierno vasco, Jonan Fernández y Mónica Hernando.

Fernández se ha mostrado confiado en que el informe ayude a que el Ejecutivo central «entienda y sea permeable» al impacto «indeseable» que sufren los allegados de los presos. «Es de sentido común, aquí no hay vertientes partidistas», ha añadido. «Cambiar la política penitenciaria no tiene costos, solo beneficios desde el punto de vista de las familias».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos