El Gobierno vasco marca distancias con el informe de torturas y dice que no se pueden pedir responsabilidades

El forense Paco Etxeberria y la criminóloga Laura Pego, impulsores del informe, ayer con Jonan Fernández durante su presentación. / UNANUE

El portavoz Josu Erkoreka reduce los fuertes reproches del PSE al dossier a «pequeñas diferencias científicas»

OCTAVIO IGEA

El Gobierno vasco ha marcado distancias este martes con el informe sobre torturas presentado ayer por su secretario de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, y varios expertos de la UPV. Destaca el «prestigio» de los autores de un documento que pone sobre la mesa la existencia de 4.113 posibles casos de malos tratos policiales entre 1960 y 2014, pero el portavoz del Gabinete Urkullu, Josu Erkoreka, ha evitado hacer suyos esos datos. «Son víctimas potenciales», ha dicho antes de rechazar que se puedan reclamar responsabilidades políticas a anteriores responsables de la Ertzaintza pese a que los investigadores atribuyen a la Policía autonómica más de 300 denuncias orales o judiciales. «Lo que se hizo público ayer fue un informe científico de la universidad, una aproximación genérica meramente informativa con testimonios anónimos», ha asegurado Erkoreka tras sugerir a los posibles afectados que se acojan a las vías burocráticas y judiciales habituales para su reparación.

El informe sobre torturas ha sido realizado por el Instituto Vasco de Criminología durante los últimos tres años. Liderados por el forense Paco Etxeberria y la criminóloga Laura Pego, los investigadores han repasado hasta 26.000 documentos y han recabado el testimonio de unas 1.500 personas. Las conclusiones finales presentadas no entran al fondo del asunto sobre posibles malos tratos policiales, ya que no ofrece datos definitivos -las citadas 4.113 denuncias no han podido ser confirmadas y solo existen 21 condenas judiciales-, por lo que se limita a advertir que los afectados necesitan más reconocimiento y que puede haber «más casos de los que se cree».

Más noticias

La «aproximación» a la realidad sobre torturas, especialmente en el franquismo y durante los años más virulentos de ETA, fue presentada en 2015 como un ambicioso proyecto de la secretaría de Jonan Fernández que ayer repitió como datos definitivos los que ya ofreció hace año y medio en un avance. Pese a la falta de datos concluyentes, el dossier generó ayer el desencuentro más importante entre PSE y PNV desde que firmaran el año pasado su pacto de Gobierno. Los socialistas rechazaron ayer «el fondo y la forma» de una investigación «poco rigurosa» que consideran que alienta la ‘teoría del conflicto’ entre ETA y el Estado.

Pero tras el Consejo de Gobierno de este martes, Josu Erkoreka ha restado importancia al rifirrafe, que ha calificado como «pequeña diferencia» «La diferencia es evidente y legítima, cada uno puede tener su opinión sobre un informe», ha dicho el portavoz, «un informe meramente científico», ha recalcado en hasta cuatro ocasiones para dejar claro que no son unos datos que haya presentado el Ejecutivo. Un Gabinete en el que según Erkoreka no hay brechas respecto a la política para la reparación de las víctimas de abusos policiales. «Discrepar ahí sí que sería una quiebra», ha dicho el portavoz en alusión a la ley de abusos policiales aprobada en el Parlamento que se mantiene en suspenso tras ser recurrida por el Gobierno central ante el Constitucional.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos