El Gobierno vasco descarta actuar por ahora contra su director de Presupuestos

Hernando Lacalle/Jose Montes
Hernando Lacalle / Jose Montes

Sólo decidirá sobre el futuro de Hernando Lacalle, procesado por un presunto caso de desvío de fondos, si la Justicia abre juicio oral

LORENA GIL

El Gobierno vasco no actuará, por ahora, contra su director de Presupuestos, Hernando Lacalle, recientemente procesado por un presunto caso de corrupción. El Código Ético del Ejecutivo autónomo establece que «solo se exige el cese como cargo en caso de apertura de juicio oral». «Algo -remarcaron ayer-, que no se ha producido».

Lacalle, así como la que fuera diputada foral alavesa de Promoción Económica entre 2007 y 2011, Arantza Zenarruzabeitia, están a un paso de sentarse en el banquillo. Tras dos años de investigaciones, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria acaba de decidir la apertura de procedimiento por el ’caso Denokinn’, un presunto desvío de fondos públicos a esta asociación afín a los jeltzales. Los hechos objeto de investigación se remontan a febrero de 2010. La sociedad pública Álava Agencia de Desarrollo, dependiente del Gobierno foral, entonces presidido por el peneuvista Xavier Agirre, eligió a dedo a Denokinn para la puesta en marcha del proyecto Deiko, de desarrollo de nuevos proyectos empresariales en el territorio. Desde entonces, la empresa se ha visto envuelta en varios escándalos por recibir fuertes cantidades de dinero público, no del todo justificados, para iniciativas que no fructificaron. Entre ellas, el fallido coche eléctrico vasco ‘Hiriko’.

Hernando y Zenarruzabeitia tienen ahora la posibilidad de recurrir el auto ante la Audiencia alavesa. Si no lo hacen o se desestima tendrán que ir a juicio por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación, malversación de caudales y estafa.

En un gesto insólito, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó el pasado mes de marzo una reprobación pública contra su director de Presupuestos, la primera a un alto cargo del Gobierno autonómico, por un «cumplimiento insuficiente» del Código Ético y de Conducta -este documento se aprobó durante la pasada legislatura-. Lacalle no puso en conocimiento que estaba siendo investigado por el ‘caso Denokinn’ hasta que su imputación fue revelada por los medios de comunicación y los partidos políticos pidiesen respuestas en el Parlamento vasco. Afirmó no haber comunicado nada por tratarse de un tema que nada tenía que ver con el Ejecutivo ni con su puesto actual.

«Perjuicios irreparables»

Pese al tirón de orejas, el Gobierno vasco consideró entonces que el cese de su director de Presupuestos podría ser una medida «desproporcionada». La comisión ética valoró que dicha medida «preventiva podría acarrear perjuicios irreparables a su imagen pública». Y ayer, desvelar EL CORREO el procesamiento del propio Lacalle y de Zenarruzabeitia, insistieron en que «dimitir o pedir responsabilidades» a un cargo «en la fase de investigación» es «desaconsejable», ya que, según apunta la comisión de ética, lo que se persigue en dicha fase judicial es «esclarecer los hechos, no buscar culpables».

Desde el Ejecutivo autónomo, que reiteraron que, «como cargo público que es, Lacalle tenía la obligación de comunicar su imputación», advirtieron, ahora bien, que «la instrucción no ha finalizado aún». «Están en fase de recursos y cuando se resuelvan, se decidirá si se abre o no juicio oral, contra quiénes y por qué motivos». «Si eso ocurre -apuntaron-, será el momento de reaccionar». «No es la primera vez que termina la instrucción de un caso contra cargos del Ejecutivo y se ordena el archivo, en vez del procesamiento», concluyeron.

‘Caso denokinn’

Gesto
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó en marzo una reprobación pública contra Lacalle
Antecedentes
«No es la primera vez que termina la instrucción contra cargos del Ejecutivo y se ordena el archivo»

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