El Gobierno vasco confía en que Rajoy «no piense como su ministro» y transfiera las prisiones

La consejera vasca de Trabajo y Justicia, la socialista María Jesús San José./Igor Aizpuru
La consejera vasca de Trabajo y Justicia, la socialista María Jesús San José. / Igor Aizpuru

La consejera de Trabajo y Justicia, la socialista María Jesús San José, asegura que seguirán reclamando la competencia. «No queremos más funciones, solo que se respete el Estatuto»

OCTAVIO IGEA

La consejera vasca de Trabajo y Justicia, la socialista María Jesús San José, se ha mostrado confiada en que el Gobierno central transfiera la gestión de las prisiones «cuanto antes» pese a los mensajes en el sentido contrario lanzados el pasado martes por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una conferencia que ofreció en Bilbao. «Espero que Rajoy piense de forma diferente a Catalá», ha asegurado San José tras garantizar que el Ejecutivo autonómico seguirá «reclamando y defendiendo» que el Estado ceda la competencia sobre las cárceles, objetivo prioritario del Gabinete Urkullu para la presente legislatura. «No estamos pidiendo ampliar las competencias vascas, sino que se complete el Estatuto», ha defendido la consejera.

San José ha comparecido este miércoles en el Parlamento vasco para detallar el Presupuesto que manejará su departamento en 2018 si sale adelante el anteproyecto de Cuentas presentado por el Gobierno autonómico. El área de Trabajo y Justicia contará con una dotación económica de 209,9 millones de euros, una cuantía muy similar a la de 2017. Se incrementa apenas un 0,4%.

La consejera se ha fijado como objetivos para el próximo ejercicio la normalización del diálogo social, la lucha contra el fraude y mejorar el acceso a la justicia de colectivos vulnerables, especialmente las víctimas de la violencia de género. El perfeccionamiento de la atención a los menores infractores también se convierte en prioritario para un departamento que destina casi el 60% de su Presupuesto a la retribución de su personal, 2.900 personas.

Entre las mayores inversiones previstas para 2018, el Departamento de Justicia reserva 14,5 millones de euros para garantizar la asistencia jurídica gratuita y otros 8 para la modernización de juzgados y dependencias juidiciales -eliminación de barreras arquitectónicas, reforma de espacios, nuevos sistemas de seguridad y grabación...- así como para la mejora de los sistemas informáticos. El mantenimiento de las 107 plazas disponibles en los centros de menores que tutela el Gobierno vasco se llevan otros 7 millones del Presupuesto. En lo que respecta al ámbito laboral, la principal partida es la destinada a Osalan, el Instituto vasco de Seguridad y Salud Laboral, en el que se invierten 12 millones. El centro celebra en 2018 su 25 aniversario «convertido en un centro de referencia internacional», se ha congratulado la consejera San José.

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