Gobierno y PSOE discrepan sobre aplicar el 155 si Puigdemont convoca elecciones

Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, durante el encuentro que mantuvieron el pasado 2 de octubre en La Moncloa para analizar la situación en Cataluña./AFP
Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, durante el encuentro que mantuvieron el pasado 2 de octubre en La Moncloa para analizar la situación en Cataluña. / AFP

La posibilidad de un adelanto electoral en Cataluña agrieta la alianza entre el Ejecutivo de Rajoy y los socialistas

N. VEGA | P. DE LAS HERAS

La noche del lunes el Gobierno creyó preciso poner fin a las especulaciones. En La Moncloa se resolvió dejar claro que, tras haber «despreciado» cada oportunidad, a Carles Puigdemont no le podría servir una mera convocatoria electoral en Cataluña para «eludir sus graves responsabilidades». En otras palabras, que llamar a las urnas ‘in extremis’ no resultará suficiente para frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El ministro de Justicia tomó nota. «El incumplimiento de las obligaciones del señor Puigdemont no se soluciona simplemente convocando elecciones», anticipó ayer Rafael Catalá. Una contundencia que ha descolocado al PSOE.

Ni el Gobierno está dispuesto a perder el apoyo de los socialistas en una materia tan sensible como la intervención de la autonomía catalana ni la segunda fuerza política aceptaría unos comicios autonómicos que no pasen por renunciar a la declaración unilateral de independencia. Pero, al menos en el plano dialéctico, el Ejecutivo y el PSOE discreparon ayer en público.

Hace una semana ambas partes coincidían en que si Puigdemont llegara a convocar elecciones en Cataluña antes del próximo viernes, ese movimiento podría ser interpretado como una vuelta a la legalidad. El Gobierno, sin embargo, entendió el pasado sábado que la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, y la negativa a recular del independentismo, obligaba a sostener un discurso con pocas concesiones.

Fuentes de La Moncloa confiesan su temor a que Puigdemont recurra a una maniobra ambigua Recelos

Aun así, la rendija seguía abierta. El lunes a primera hora, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió en una entrevista en Onda Cero que «hasta el último momento» el texto aprobado por el Consejo de Ministros podría «adaptarse a las circunstancias» en su tramitación en el Senado. Pero no a cualquier circunstancia, aclaran en el Gobierno, y mucho menos a una convocatoria electoral confusa que siga las pautas de la ley de transitoriedad. Es más, sería necesario que el Ejecutivo autonómico rechace haber proclamado la secesión y garantice que acata la Carta Magna.

«Si son con arreglo al marco constitucional, no habría razón para poner nada en marcha» El PSOE sobre los comicios

Pleno del Parlament

Las incógnitas empezarán a resolverse mañana a las 10.00 horas, cuando arrancará el pleno convocado en el Parlament. En todo caso, sigue sin estar claro cuándo intervendrá Puigdemont. Fuentes de La Moncloa confiesan su temor a que el president pueda volver a recurrir a una maniobra ambigua que ponga al Gobierno entre la espada y la pared. Y sostienen que, a estas alturas, se hace necesario trasladar que existe una determinación total de restaurar la legalidad en Cataluña. «Haría falta que la Generalitat acredite que no ha incumplido sus obligaciones -puntualizó Catalá-; si eso sucede, no tiene sentido el 155».

El Congreso retrasa el inicio de la comisión territorial

La comisión para la evaluación del sistema territorial con la que el PSOE aspiraba a encauzar la crisis catalana no termina de abrirse paso. A los socialistas no les quedó ayer más remedio que aceptar que la Junta de Portavoces del Congreso acordara posponer su puesta en marcha. «Es una prórroga de una semana y será la única», avisó Margarita Robles.

La creación de esta comisión de estudio, que debería servir para allanar el camino a un debate sobre la reforma constitucional en el plazo de seis meses, fue la concesión de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez a cambio de su respaldo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

El principal partido de la oposición siempre ha defendido que el desafío independentista no se resolvería sólo aplicando la ley y que era necesario hacer política. Pero ahora que ha convencido al PP, le fallan el resto de partidos. Sobre todo, Podemos y Ciudadanos.

En el principal partido de la oposición prefieren pensar que en realidad nada ha cambiado en la disposición del Ejecutivo. Sospechan que si ha endurecido el discurso se debe sólo a esa necesidad de escenificar firmeza ante un Puigdemont instalado en la desobediencia. «Si no, sería ignorar y banalizar los acuerdos a los que hemos llegado», dice un destacado miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez. «Siempre hemos dicho que o el presidente de la Generalitat convocaba elecciones o las convocábamos (el Estado), y no podemos andarnos con juegos en el último momento».

En el mismo sentido se expresó la portavoz parlamentaria de los socialistas, Margarita Robles. «Yo me quedo con lo que dijo Soraya Sáenz de Santamaría -alegó sin dar pábulo a un cambio de criterio-, pero la posición del PSOE es simple: si se convocan elecciones con arreglo al marco constitucional no habría razón para poner nada en marcha». Además, en el partido de Pedro Sánchez se enfrentan a las dudas que ese paso genera en amplias capas del socialismo catalán.

No es que al PSOE le baste con cualquier gesto para frenar el 155. El portavoz de la dirección, Óscar Puente, ya dejó claro que si Puigdemont opta por hacer una declaración de independencia, «sea ‘soft’, ‘light’, verbal o escrita», no habrá más remedio que intervenir la Generalitat de Cataluña.

Sin embargo, en el caso poco probable de que el jefe del Ejecutivo catalán convoque elecciones conforme a la ley vigente, el escenario cambia. Pero esos comicios, a juicio también del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, deberían ser «libres, neutrales y seguros».

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