El Gobierno presiona al Vaticano para que desautorice a la Iglesia independentista

La jerarquía catalana, salvo algún verso suelto, había mantenido una posición de prudencia y moderación frente al choque de trenes que se avecinaba. Los obispos de la Tarraconense habían esperado hasta el pasado día 20 para emitir un comunicado sobre el particular, elaborado con manos de orfebre, que costó consensuar. Como siempre, recogía la esencia de la doctrina de ‘Arrels cristianes de Catalunya’ (Raíces cristianas de Cataluña), documento-totem, en el que se reclamaba que se escuche a la sociedad catalana y se respete sus derechos, junto a una petición de avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento. El mensaje de cordura y serenidad también fue el núcleo de un comunicado conjunto de los abades de Montserrat y Poblet -en este último Carles Puigdemont compartió durante varios veranos la vida monástica, una experiencia que le marcó-, instituciones muy pegadas a la identidad de Cataluña, en cuya construcción la religión ha tenido un papel fundamental.

Con motivo de la celebración de la última Diada, algunos obispos se refirieron a la situación sociopolítica de Cataluña, llamando a la racionalidad y a buscar caminos de salida en un callejón cada vez más estrecho. El primer desmarque había llegado ya de la mano del obispo de Solsona, Xavier Novell, que combina una doctrina muy tradicionalista en asuntos eclesiales, con otra muy nacionalista en cuestiones políticas. En una homilía ante una catedral repleta, el prelado se refirió a la convocatoria del referéndum y a la aprobación oficial de la desconexión. En primera fila se sentaban la consejera de Gobernación, Meritxel Borrás, y el alcalde de la ciudad, David Rodríguez. «Han hecho algo dignísimo, porque es de justicia que este pueblo pueda decidir su futuro. Es un derecho que ninguna ley y ningún Gobierno nunca puede arrebatar. Ustedes han dado la cara para que esto sea posible y eso merece mi respeto», les dijo, antes de que los fieles rompieran en aplausos.

El obispo Novell se ponía del lado del Govern, cuando ya se había instalado en la desobediencia. Ahora, en su última carta semanal, acaba de anunciar que el próximo domingo acudirá a votar «si hay urnas», en un claro desafío a sus hermanos de la Tarraconense y al Episcopado español. Luego ha habido una cascada de pronunciamientos. Primero lo hicieron varios organismos diocesanos y después más de 400 sacerdotes y diáconos -el 25%- de las diez diócesis catalanas y de congregaciones religiosas. Los firmantes, entre los que hay vicarios generales y episcopales, consideran «legitima y necesaria la realización del referéndum ante la imposibilidad de pactar las condiciones para llevarlo a cabo de forma acordada». Los últimos han sido los monasterios femeninos, monjas benedictinas y cistercienses, que por primera vez firman un comunicado conjunto, con el apoyo de las abadesas y las prioras, en el que rechazan «el uso de la fuerza» y apoyan «las movilizaciones para defender los derechos legítimos de libertad de expresión, de la democracia y el de autodeterminación para que todas las voces del pueblo catalán puedan ser escuchadas».

En todos los casos se invocan los valores evangélicos y humanísticos, y la Doctrina Social de la Iglesia, como base de esos comunicados. A Rajoy, sin embargo, -y a una parte del episcopado catalán- le parece que eso es hacer política y que se trata de una intromisión en la labor de las instituciones. El pasado fin de semana, el nuevo embajador ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, entregó en mano una nota de protesta verbal a Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede (equivalente al primer ministro), aprovechando su presencia en una recepción de la legación diplomática de Estados Unidos. Fue un acto un poco informal, por el escenario y porque el embajador todavía no ha presentado sus cartas credenciales. Pero había prisa.

El Ejecutivo presiona al Vaticano para que se pronuncie sobre la actuación de una parte de la Iglesia catalana y en defensa del Estado de Derecho. Pero el Vaticano lo hace a su manera, a través de su nunciatura (embajada) en Madrid, que se ha reunido con el ‘núcleo duro’ de la Conferencia Episcopal. En una comparecencia extraordinaria, la Comisión Permanente de esta institución, además de reclamar diálogo, pidió que se respete la Constitución, llamó a evitar decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias al margen de la democracia, y alertó de fracturas sociales, familiares y eclesiales. Era una nota muy trabajada y medida, que no estaba prevista. La instrucción era que hablaran los obispos catalanes, pero la situación se ha envenenado.