El Gobierno se da 48 horas para concretar el alcance de la intervención de Cataluña

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, con gesto circunspecto momentos antes de leer la declaración del Gobierno./AFP
El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, con gesto circunspecto momentos antes de leer la declaración del Gobierno. / AFP

Rajoy reunirá mañana el Consejo de Ministros tras dejar claro Puigdemont que no acata la Constitución

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

El Gobierno volvió a dar ayer muestras del poco ánimo con el que se enfrenta a la ya inevitable intervención de la autonomía de Cataluña. Como cabía esperar, el plazo para que Carles Puigdemont respondiera al doble requerimiento hecho por Mariano Rajoy y acate la legalidad constitucional concluyó a las diez de la mañana sin un resultado satisfactorio. Y, sin embargo, el jefe del Ejecutivo decidió dejar para mañana la reunión del Consejo de Ministros en el que han de acordarse las medidas con las que se tratará de restituir el orden vigente al amparo del artículo 155 de la Constitución.

El argumento oficial, deslizado ya desde La Moncloa a última hora del miércoles, es el de la complicada agenda del presidente. Mariano Rajoy viajó ayer por la mañana a Bruselas para asistir al Consejo Europeo y no regresará hasta hoy por la tarde. Ya faltó a la cumbre celebrada en vísperas del 1 de octubre en Tallín (Estonia) y, en esta ocasión, le interesaba especialmente recabar el respaldo de sus homólogos frente a la grave crisis democrática que arrostra. Pero resulta obvio que podría haber encontrado la forma de compatibilizarlo todo.

El PSOE garantiza su apoyo a una aplicación «limitada y breve» del artículo 155 de la Carta Magna Acuerdo

Su decisión de esperar, sin embargo, vuelve a ampliar unos días el margen concedido al presidente de la Generalitat para rectificar. «Puigdemont puede convocar elecciones hasta que deje de poder hacerlo», insinuó sin disimulo el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo. Una vez aprobadas por el Senado las medidas que proponga el Gobierno, la competencia de llamar a las urnas quedará en manos de Rajoy. Pero para que eso se produzca falta al menos otra semana. Si anteayer se apuntaba al viernes de la semana próxima, ahora se habla más bien del lunes 30 o el martes 31 de la siguiente.

El Ejecutivo se esfuerza por lanzar aún así el mensaje de que no le temblará el pulso. De hecho, en la carta remitida por Puigdemont a apenas diez minutos de la hora límite estipulada por Rajoy, se esconde una cierta capitulación del presidente de la Generalitat que, llegado el caso, podía haber servido para pulsar el botón de pausa, como reclamaron desde el PNV a En Comú o Podemos. Pero nada más lejos. «El Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña», leyó el ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, poco después de las 10.30h de la mañana.

El presidente se escuda en sus compromisos internacionales para ralentizar el proceso Agenda

Sin opciones

Es cierto, dicen también en el PSOE y Ciudadanos, que Puigdemont confirmó de manera indirecta que el pasado 10 de octubre no se produjo una declaración unilateral de independencia en el Parlament; un extremo que Rajoy le había pedido aclarar. Pero con aún más claridad dejó constancia de su intención de incumplir las obligaciones que le imponen el Estatuto de Cataluña y la Constitución y, a estas alturas, alegan, eso es lo fundamental.

«Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración de independencia que no votó el día 10 de octubre», dice el presidente autonómico en el párrafo en cuestión. El tono y el mensaje de fondo inclinaron la balanza. Incluso el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, concluyó que esa «amenaza» deja al Ejecutivo sin alternativa, aunque no se resistiera a hacer una última llamada a la búsqueda del acuerdo.

El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, se anduvo aún con menos paños calientes; tildó de «tramposa» la apelación al diálogo de Puigdemont, le acusó de ser el único responsable del deterioro de las instituciones catalanas y advirtió de que no es aceptable hablar de «represión política».

El apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 es absoluta. En Ferraz se esfuerzan en matizar que, gracias a su papel, las cosas se harán de la manera menos agresiva posible. Una aplicación del precepto «limitada, breve y siempre con el horizonte de restablecer la normalidad», dijo Ábalos. Eso significa que no debería perpetuarse en el tiempo, que en aproximadamente tres (a lo sumo seis) meses, habría que convocar elecciones y que, entre tanto, el Ejecutivo gestionará el día a día de Cataluña y asegurará la prestación de servicios públicos sin intervención «política».

Sobre el papel suena sencillo, pero en la práctica nadie duda de que las cosas serán muy complicadas, que puede haber sublevaciones e incluso atrincheramientos. Socialistas y populares admiten, además, que apelar a unas elecciones como si se tratara del bálsamo de Fierabrás es una enorme ingenuidad. Pero no ven qué otra cosa se puede hacer.

Carta de Puigdemont a Rajoy Apreciado Presidente Rajoy,

El pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de los electores. Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit y con un número de catalanes mayor del que votó el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular.

Lo hice para propiciar el diálogo que de manera reiterada nos han hecho llegar, a usted y a mí, instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y el resto del mundo. En este sentido, en mi carta del lunes, le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida.

Del mismo modo, tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Òmnium Cultural y del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática.

Esta suspensión continúa vigente. La decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado, previa autorización del Senado. Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar.

Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre.

Atentamente,

Carles Puigdemont».

Comunicado del Gobierno El Gobierno de España...

ha constado a las 10 horas de esta mañana, último plazo establecido, la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender al requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad Autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado.

En consecuencia, el Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña.

El próximo sábado el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma.

El Gobierno agradece el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista. Por otra parte, denuncia la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña.

El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña.

19 de octubre de 2017

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