El Gobierno frenará la aplicación del 155 si Puigdemont convoca elecciones

Mariano Rajoy, ayer en el pleno del Congreso de los Diputados./REUTERS
Mariano Rajoy, ayer en el pleno del Congreso de los Diputados. / REUTERS

El president tiene al menos otra semana para dar el paso antes de que las medidas de intervención sean efectivas

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

No tenían grandes esperanzas y, aun así, Gobierno y PSOE hicieron ayer un último esfuerzo para convencer a Carles Puigdemont de que existe una forma fácil y sencilla para reconducir la situación y evitar que, por primera vez en democracia, se aplique el artículo 155 de la Constitución: la convocatoria de elecciones autonómicas. Ni siquiera tiene por qué anunciarlas hoy. A las 10.00 se acaba el plazo dado por Mariano Rajoy para que la Generalitat renuncie a materializar la independencia, pero eso no significa que de la noche a la mañana Cataluña vaya a amanecer intervenida.

Si, como han dado a entender sus colaboradores, Puigdemont se mantiene en sus trece y hace ver que la secesión sigue su curso, el jefe del Ejecutivo actuará, pero puede pasar todavía otra semana antes de que el Senado dé el visto bueno a las medidas que proponga aplicar para restituir la legalidad en Cataluña. Así que lo que pusieron en manos del presidente de la Generalitat el Gobierno y Pedro Sánchez (que compareció en una rueda de prensa en Bruselas) fue un freno de emergencia que podría ser activado ya o más adelante.

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El secretario general del PSOE afirmó incluso que lo mismo da el ‘apellido’ que las fuerzas independentistas quieran poner a esa hipotética cita con las urnas. Esa cuestión es clave porque la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobada por los secesionistas el 7 de septiembre y suspendida por el Tribunal Constitucional al día siguiente, contempla la celebración de unas «elecciones constituyentes» seis meses después del referéndum. Y así como unas autonómicas son vistas por los secesionistas como una «rendición», las otras les permitirían mantener su discurso.

A juicio del líder de los socialistas y de parte del Gobierno, sería siempre un discurso ficticio porque, a diferencia de otras comunidades autónomas, Cataluña nunca ha aprobado una ley electoral propia y sus procesos se rigen por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. De modo que, las llame como las llame, Puigdemont estaría convocando unas elecciones al Parlament conforme a la legalidad vigente; como hizo Artur Mas en 2015 con sus «plebiscitarias».

Algunas fuentes del Ejecutivo advierten, sin embargo, de que las cosas no son tan sencillas. No niegan que unos comicios pueden frenar el 155 pero matizan que todo dependerá de lo lejos que esté dispuesto a llevar Puigdemont su desafío. El ‘caramelo’ gubernamental, en todo caso, no parece seducir demasiado a la Generalitat. Al menos, de momento. El consejero de Exteriores, Raül Romeva, aseguró a media mañana de ayer que los comicios «no son una opción» para su Gobierno y que no habrá renuncia a la independencia. «La gente ha votado y tenemos que implementar su mandato», insistió también desde la capital comunitaria.

Terreno inexplorado

En esta tesitura, todo apunta a que Mariano Rajoy tendrá que hacer frente al vértigo que le produce intervenir la autonomía catalana y adentrarse en un terreno inexplorado por cualquier otro presidente del Gobierno español. Lo hará de la mano de Sánchez -con el que ya se reunió el martes por la tarde- y de Albert Rivera -al que recibió ayer-, pero eso no hace el trago más agradable. Lo evidenció durante la sesión de control al Gobierno al dirigirse al coordinador parlamentario del PDeCAT, Jordi Xuclá. «Deberían hacer un esfuerzo para convencer al señor Puigdemont de que no cree más problemas, si no, van a obligar al Gobierno a tomar decisiones que, sin duda sería mejor no tomar nunca».

En el Ejecutivo y en el PSOE saben que aplicar el artículo 155 no será fácil, ni siquiera si se hace de forma limitada. Rajoy y Sánchez quieren evitar que cuaje la idea de que se suspende la autonomía pero distintas fuentes admiten que, como mínimo, habrá que hacerse con el control de la seguridad y de las finanzas. Porque aunque el Presupuesto ya está intervenido, aún cabe poner bajo la órbita de Cristóbal Montoro la recaudación y los organismos autónomos de la Generalitat.

El líder del PSOE dice incluso que da igual el 'apellido' que se le ponga a los comicios

Existe, además, debate sobre el papel que puede jugar el Parlament, con su mayoría secesionista. Unos sostienen que quedará sin apenas margen para la iniciativa política y legislativa y otros que buscará la desestabilización de la autoridad competente. Pero de lo que nadie duda es de que las calles volverán a calentarse. Y el reto está en evitar que lo que ocurra lleve a una lectura negativa de la comunidad internacional, como ocurrió el 1 de octubre.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez también han unido sus fuerzas en esto y de ahí su empeño en no faltar, respectivamente, al Consejo Europeo y a la reunión de líderes progresistas en Bruselas. El líder socialista ya preparó ayer el terreno. «El PSOE va a defender siempre una respuesta homologable a la de otros países europeos. Cualquiera de ellos, en una crisis semejante -aseguró- aplicaría el 155».

Un antiguo conseller de Mas dice que el ‘procés’ «ha sido un error»

El econonista Francesc Xavier Mena, exconsejero de Empresa y Empleo de la Generalitat cuando Artur Mas era president, aseguró ayer que el ‘procés’ ha sido «más que un error» y lleva a una salida de Cataluña de la UE «sin remisión». Además, se mostró convencido de que «se está echando por la borda la labor de mucha buena gente durante muchas generaciones».

Mena, entrevistado en Radio Euskadi reiteró que el proceso independentista es «una chapuza» desde el punto de vista jurídico, que «aleja» a Cataluña de Europa, y «un ejercicio de irresponsabilidad» desde la perspectiva económica. «Otra cosa es desde otras dimensiones de movilización y de compromiso de una gran parte de la sociedad catalana. Pero, desde el punto de vista jurídico, plantea una salida de Europa sin remisión, y eso pone en cuestión la viabilidad de las sedes sociales y fiscales de muchas empresas en Cataluña», explicó.

A su juicio, «no se han evaluado adecuadamente las consecuencias de ese periodo de transición». «A corto plazo, lo que se nota es que cientos de empresas, casi mil, y más que vendrán, están cambiando su domicilio social», insistió.

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