El Gobierno cree que es cuestión de tiempo que la Generalitat asuma su fracaso

Carles Puigdemont y Artur Mas, durante la reunión del comité nacional del partido. / EFE

La Moncloa intentadejar al Govern sin medios humanos ni materiales para celebrar la consulta

RAMÓN GORRIARÁN

El Gobierno está convencido de que sólo es cuestión de tiempo que Carles Puigdemont reconozca su fracaso con el referéndum independentista. Soraya Sáenz de Santamaría emplazó al presidente catalán a que admita «ahora» o que espere al 1 de octubre para aceptar que es imposible llevar a cabo la consulta. La vicepresidenta se ratificó en que «no se va a celebrar» porque además de ser ilegal la Generalitat no va a tener los medios materiales y humanos para hacerla.

Para la ‘número dos’ del Gobierno, la dimisión del director general de los Mossos d’Esquadra es un síntoma más de la «gravísima dinámica» en que está inmerso el presidente catalán y su vicepresidente al situar a independentistas dispuestos a todo al frente del proceso y prescindir de altos cargos que rechazan vulnerar el marco legal. Eso es lo que ha ocurrido, a su entender, con Alberto Batlle, al que se «ha obligado a dimitir por motivos políticos» por la única razón de ser una persona «moderada y sensata» que pretendía «hacer bien su trabajo, respetar la ley y cumplir con su obligación».

En La Moncloa albergan la esperanza de que junto a las trabas jurídicas del Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal de Cuentas, surtan efecto las carencias humanas y materiales, y el presidente catalán acepte que no tiene con qué ni con quién hacer la consulta. De momento carece de urnas, papeletas y censo, y se enfrenta a serias dificultades para tener colegios electorales por la orden enviada a los alcaldes para que no cedan instalaciones municipales. Tampoco podrá contar con la colaboración de los secretarios de los ayuntamientos, y va a tener difícil que los Mossos se impliquen en las tareas de orden público. «Es el referéndum de la nada», suele decir el portavoz Íñigo Méndez de Vigo.

Esas penurias se suman a las actuaciones judiciales impulsadas por el Ejecutivo de Rajoy contra los gobernantes y parlamentarios que participen en los preparativos de la consulta, ya sea con la aprobación de leyes o con la toma de decisiones ejecutivas. El círculo se completa con la ausencia de avales internacionales al proceso soberanista. Por si todo ese arsenal jurídico, político y material fuera insuficiente, Méndez de Vigo volvió a avisar ayer de que el Gobierno está dispuesto a poner en marcha «todas» las medidas a su alcance para impedir la consulta. Una advertencia calculada porque Rajoy no contempla la aplicación de las medidas legales más drásticas, como pueden ser la inhabilitación de los miembros del Gobierno catalán o la intervención de la Generalitat al abrigo del artículo 155.

Las órdenes

El Ejecutivo de Rajoy tiene confianza en que los Mossos no van a cambiar su postura de respeto a la legalidad si el Govern sigue adelante con la consulta. Lo que haga este Cuerpo puede ser determinante para la suerte del referéndum, pero en Moncloa hay tranquilidad porque la posición del dimitido Batlle era compartida por los sindicatos policiales y no habían aparecido voces que reclamaran la colaboración con la consulta. El ministro de Justicia explicó que los policías catalanes «no pueden recibir órdenes contrarias» a la legalidad y tiene como misión fundamental la defensa «del interés general». Rafael Catalá dijo estar «seguro» de que los Mossos no darán amparo a un acto ilegal.

La dimisión de Batlle no cogió por sorpresa al Gobierno de Rajoy. Nada más conocer las primeras palabras del nuevo consejero de Interior, Joaquim Forn, en el sentido de que los Mossos d’Esquadra «facilitarían que los catalanes acudieran a las urnas», se dio por hecho que el director general de la Policía catalana tenías las horas contadas en su puesto, ya fuera por una destitución o por la renuncia del interesado. El Ejecutivo cree asimismo que no va a ser el último movimiento porque «la purga» alcanzará a otros altos cargos de los segundos escalones de la Administración catalana.

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