El Gobierno advierte de que no habrá indultos por el ‘procés’

El Ejecutivo avanza su posición ante una hipotética petición de indulto por parte de los políticos independentistas encausados en una respuesta parlamentaria a la senadora de Unidos Podemos Miren Gorrotxategi, que interpeló al Gobierno tras los primeros encarcelamientos por el 1-O dictados por la Audiencia Nacional. Gorrotxategi preguntó no solo sobre los hipotéticos indultos, sino también si el Gobierno estudia algún tipo de reforma del Código Penal para suavizar los artículos de rebelión (que contemplan penas de hasta 30 años ) y sedición (que castiga hasta con 15 años).

La senadora cree que esas graves penas no son «proporcionales», pero el Ejecutivo las ve totalmente justas. «El Gobierno no considera necesario reformar la legislación penal de los delitos de rebelión y sedición. La regulación que ofrece el Código Penal de dichos delitos es exhaustiva, minuciosa, detallada y completa, contemplando toda una graduación de penas atendiendo a la gravedad de los hechos y al grado de intervención del sujeto activo», afirma rotundo el Ejecutivo en su respuesta.

«Habida cuenta de la extrema gravedad de las conductas que sancionan, las penas previstas se consideran completamente proporcionadas», insiste el Gobierno de Rajoy, al tiempo que recuerda que «la rebelión es uno de los delitos más graves del ordenamiento jurídico, pues supone un ataque al sistema constitucional de forma violenta y por un conjunto de personas, como reconocen las legislaciones penales del entorno».

«Las penas previstas en los delitos de rebelión y sedición se equiparan a las del Código Penal alemán e italiano, no advirtiéndose desproporción en las mismas», abunda la respuesta, dejando clara la postura del Ejecutivo totalmente contraria a tocar el Título XXI del Código Penal («Delitos contra la Constitución») en el que se incardina la rebelión o el Título XXII («Delitos contra el Orden Público») en el que está incluida la sedición.

Sobre el tema del indulto, el Ejecutivo recuerda que para que pudiera concederse una petición de gracia, se requiere que los solicitantes hayan sido condenados por sentencia firme, previo informe del tribunal sancionador y del Ministerio Fiscal, que a su vez deberán recabar información sobre la conducta del penado a Instituciones Penitenciarias. Pero en cualquier caso, el Gobierno ya anticipa que mantiene intacto su «compromiso de no conceder indultos a aquellas personas condenadas por delitos de extrema gravedad, tal y como ha hecho hasta la fecha».