El Gobierno advierte de que «no contempla» incluir el derecho a decidir en la Constitución

Meritxell Batet durante una intervención en el Congreso./EFE
Meritxell Batet durante una intervención en el Congreso. / EFE

La ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, asegura que «sin consenso» no se va a reformar la Carta Magna

Silvia Cantera
SILVIA CANTERA

El Gobierno de Sánchez rechaza incluir el derecho a decidir en la Constitución. La nueva ministra de Administración Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha remarcado este lunes que el Ejecutivo socialista «no contempla» que incorporar a una posible reforma de la Carta Magna la celebración de un referéndum soberanista. La sucesora en el cargo de Soraya Sáenz de Santamaría ha puntualizado además que este tipo de consultas tampoco se recoge «en la mayoría de las constituciones del mundo».

En una entrevista realizada en RNE, Batet ha defendido una reforma constitucional fraguada en la Comisión del Congreso que analiza el modelo territorial, un espacio donde a su juicio, es «importante que comparezcan expertos» para hacer un «análisis serio y riguroso» de la situación. Espera además que exista «voluntad de los partidos políticos» porque «sin consenso no se va a reformar nada» y «no se puede avanzar».

La reforma, según la nueva ministra, es necesaria porque «la crisis territorial no ha hecho más que crecer» en los últimos años, «en gran medida porque el gobierno de España negó la existencia de la crisis y la posibilidad de buscar soluciones o hacer política» y ahora «es el momento». «Esta comisión parlamentaria necesita ser activada y necesita de la participación de todas las fuerzas políticas. Hay muchos grupos parlamantarios que no están y urge que vayan, participen activamente y aprovechen uno de los mejores instrumentos que tenemos en la mesa para concurrir, participar en un debate sereno y abordar qué es lo que cada uno de nosotros quiere plantear», ha destacado.

Preguntada por los artículos del Estatut de Cataluña tumbados en su día por el Constitucional y que se podrían recuperar, Batet ha señalado aquellos que fueron declarados inconstitucionales «no por el contenido sino porque el Estatuto no era la norma adecuada para regular la materia» y ha explicado que algunos de ellos versan sobre leyes orgánicas del Estado como la del Poder Judicial. «Ahí hay margen para trabajar, es verdad que afecta a leyes orgánicas, y que cuando nos planteamos modificar este tipo de leyes hay que hacerlo desde el punto de vista del consenso y de acuerdos muy amplios, porque no son leyes que se puedan ir modificando al albur de una mayoría coyuntural, es bueno que respondan a un sentimiento mayoritario y transversal», ha apostillado.

«Poca valoración» sobre la cadena humana

Sobre la cadena humana por el derecho a decidir realizada este domingo a lo largo de las tres capitales vascas e impulsada por la plataforma Gure Esku Dago, «poca valoración». «La respeto y no tengo mucho más que decir. Espero que la tensión política se rebaje en todas partes. Nuestra acción de Gobierno se va a centrar en eso, es dialogar con todo el mundo, hablar con todo el mundo y garantizar la convivencia en todos los territorios», ha añadido la ministra.

Precisamente, en relación a la convivencia en Cataluña y a que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, considere que está al borde de un enfrentamiento civil, Batet, sin comentar directamente las palabras de su compañero de gabinete, ha incidido en que es «lamentable» que «en los últimos meses ha habido una degradación de la convivencia» que ella misma ha vivido «en primera persona».

Asimismo, preguntada por las declaraciones de la exconsellera catalana huída a BélgicaClara Ponsatí, en relación a que los independentistas estaban jugando una partida de póker contra el Gobierno y fueron «de farol» -tal y como recogió el diario belga L'Unilateral-, Batet considera que evidencia una vez más la «gran irresponsabilidad de un gobierno que ha estado jugando con una sociedad entera». «Han estado jugando con siete millones de catalanes. Es muy decepcionante, frustrante e indignante, la verdad. Siento indignación porque la situación actual en Cataluña, haber perdido las instituciones de autogobioerno con el 155, la degradación de la convivencia, las consecuencias económicas con la huida de empresas, la ruptura de acuerdos municipales que funcionaban (...) todo eso, va a perdurar», ha indicado. «Ellos ahora pueden confesar que estaban jugando la póker o decir que se equivocaron, pero las consecuencias de sus decisiones y sus actos van a perdurar mucho tiempo y al final, ese daño que han hecho tiene que pesar sobre sus espaldas y espero que pese», ha apostillado.

Podemos Euskadi «nunca» apoyará la vía unilateral

Quienes han hecho una valoración más extendida sobre la cadena humana que movilizó el domingo a miles de personas en Euskadi han sido los miembros de Podemos Euskadi. La coalición ha subrayado que «nunca» apoyará el derecho a decidir si es para ejercer una «vía unilateral» hacia la independencia, aunque considere «legítima» esa opción. El portavoz Andeka Larrea ha declarado que «respeta» la celebración de la iniciativa de Gure Esku Dago, pero ha pedido a los partidos que secundaron la movilización que aclaren qué entienden por derecho a decidir.

Esta petición iba especialmente dirigida al PNV, que tuvo como principal representante en la movilización al presidente del partido, Andoni Ortuzar. Acudieron además los tres alcaldes de las tres capitales, los diputados generales y la presidenta del Parlamento vasco, la jeltzale Bakartxo Tejeria, entre otros. EH Bildu tuvo una gran representación a lo largo de la cadena y el propio partido morado también estuvo presente en la iniciativa. La parlamentaria Pili Zabala, que se presentó a las pasadas elecciones autonómicas por Elkarrekin Podemos, estuvo presente en Zarautz. Podemos Euskadi no respaldó como partido la cadena humana, pero dejó libertad a sus militantes para participar en ella.

«Tenemos dudas sobre qué entiende por derecho a decidir el PNV, que se negó al referéndum sobre la incineradora de Zubieta o el tranvía en Vitoria» y tampoco es «claro» cuando se trata de aplicarlo a la «cuestión territorial» porque el lehendakari, Iñigo Urkullu, «pide un 'pacto de claridad' como nosotros», ha señalado Larrea. Para su partido, «si el derecho a decidir es la vía unilateral para la independencia no nos vemos reflejados, debe ser acordado y pactado, nunca aceptaremos la vía unilateral».

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