Un fallo del todo discutible

El juez del Supremo decide anteponer el riesgo de reiteración delictiva a los derechos políticos de Jordi Sànchez

Un fallo del todo discutible
Alberto Ayala
ALBERTO AYALA

Ninguna sorpresa. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó ayer el permiso a Jordi Sànchez, en prisión preventiva desde mediados de octubre en Soto del Real, para que pueda acudir al pleno del Parlament a defender su candidatura a la investidura como president de la Generalitat. Una sesión que, en todo caso, ha sido aplazada ‘sine die’.

Los profesionales del Derecho ya tienen sobre la mesa otro auto para la controversia jurídica. Quienes, como es mi caso, no lo somos sólo podemos evaluar el pronunciamiento desde la lógica política y/o histórica. Y, sinceramente, cuesta entender las razones del magistrado. Por más que hasta se comparta lo que busca evitar.

Llarena admite la existencia de un precedente, el del etarra Juan Karlos Yoldi en 1987, año en el que la banda asesinó nada menos que a 45 personas. Yoldi, aún sin condena en firme, recibió el permiso judicial para acudir al Parlamento vasco a defender su candidatura a lehendakari por la izquierda abertzale porque, en su caso, sólo había riesgo de fuga. Riesgo que se intentó conjurar con un enorme despliegue de efectivos de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad: desde la Guardia Civil, a la Policía Nacional, la Ertzaintza o la Policía Local de Vitoria.

El magistrado sostiene que en el caso de Sànchez, además de riesgo de fuga, existe otro de mucha mayor gravedad. El de reiteración del delito por el que el dirigente soberanista se halla en prisión preventiva desde hace casi cinco meses: avanzar hacia la secesión de Cataluña al margen de la ley.

En una democracia de pleno derecho, como es la española, ¿se pueden dejar de lado los derechos políticos que asisten a todo ciudadano si no se está condenado en firme por un tribunal de Justicia o si no se está procesado por un delito de especial gravedad como son la rebelión o la sedición, como es el caso del ‘número dos’ de Junts per Catalunya, la coalición de Carles Puigdemont, y exlíder de la ANC? Llarena entiende que sí.

Veremos qué dicen otras instancias judiciales. El president del Parlament, el republicano Roger Torrent, anunció a primera hora de la tarde de ayer, nada más tener conocimiento del auto, su intención de llevar el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Con el secesionismo catalán lanzado a un ‘procés’ dos, sobra decir que España sigue precisando el apoyo cerrado de sus socios europeos para terminar de conjurar el desafío. Ello requiere que tanto las decisiones políticas como las jurídicas que se puedan adoptar en relación a este problema encuentren adecuada comprensión en los ámbitos correspondientes de la Unión Europea.

Con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, el independentismo engorda otro poco el zurrón de los presuntos agravios. Un terreno en el que se mueve como pez en el agua y con el que intenta camuflar sus fortísimas divergencias internas.

A la espera de la fecha definitiva del pleno de investidura, es probable que acabe llegando un tercer candidato neoconvergente al Palau. Casi con total seguridad, el exportavoz gubernamental Jordi Turull. De resultar electo -para lo que precisaría el apoyo de la CUP que Sànchez no tiene-, lo probable es que estuviera en el cargo por poco tiempo. Hasta que Llarena le procese por sedición y/o rebelión en un par de meses.

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