El enredo catalán

La designación de Jordi Sànchez como candidato plantearía un problema de calado al Supremo si el tribunal rechaza que asista al pleno de investidura

El enredo catalán
Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

Han transcurrido más de dos meses desde la celebración de las elecciones del 21 de diciembre y la situación sigue bloqueada, complicándose en un complejo puzle de conflictos políticos y judiciales que afectan a los intereses y estrategias de la mayoría de los agentes intervinientes.

Desde la constitución del Parlament, la investidura del president se ha convertido en la prueba de fuego para el soberanismo, que ya no puede ocultar las divisiones internas. Las relaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra se han deteriorado, no solo por las divergencias, sino sobre todo por la obsesión de Puigdemont de subordinar el contenido de la hoja de ruta dirigida a la recuperación de las instituciones de la Generalitat a su situación personal y judicial.

Resulta grotesca la mutación que se ha dado en las posiciones de aquel president que estaba convencido de que la mejor manera de hacer frente al artículo 155 era, por una parte, evitar la DUI, y por otra, convocar elecciones al Parlament, pero que no tuvo el coraje exigible a un ‘hombre de Estado’ para hacer frente a las presiones promovidas desde ERC. El regreso de los republicanos a la senda del pragmatismo útil no les exonera de la responsabilidad contraída en aquellas fechas por la disputa partidista por la hegemonía en el seno del independentismo.

En la situación actual de Cataluña, la estrategia más coherente y viable en términos políticos y jurídicos es la que propugnan los republicanos dirigida a la recuperación efectiva del autogobierno, auténtico reto para Cataluña, frente al mantenimiento inercial del 155, en lugar de enredarse con apuestas simbólicas de ‘repúblicas libres en Bruselas’.

En atención a los resultados electorales obtenidos, es cierto que en el campo soberanista Junts per Catalunya tiene más derecho que ERC para proponer candidato a president. Descartada al fin la opción de Puigdemont y planteándose, al parecer, como la opción más probable la de Jordi Sànchez, parlamentario, en situación de prisión preventiva, se le plantearía un problema de calado al Supremo, pues con la decisión, caso de que se le negara al candidato asistir al debate de investidura, se estaría vulnerando uno de los derechos básicos de los parlamentarios.

Si la apuesta por la recuperación del control del autogobierno es firme, es cierto que la investidura de Sànchez no es la más idónea, pues, aunque lograra salvar este escollo inicial, su nombramiento podría ser efímero debido a su situación procesal. Sin embargo, ese escenario resulta políticamente terrible para el Estado español, pues se estaría ante un candidato que lo traen esposado, se somete a la investidura y siendo designado president, lo esposan de nuevo para llevarlo a prisión. Esos inconvenientes son muy relevantes y graves para un Estado, pero son de naturaleza política, no son causa legal para limitar a un parlamentario sus derechos. Pero todos sabemos que serán esas razones de Estado, las que serán determinantes, cuando se presente el caso, aunque en la fundamentación se aluda a que el riesgo de la reiteración delictiva persiste, y que la medida dirigida a evitar ese riesgo es un fin constitucional que, por sí mismo, constituye título suficiente como para impedir la presencia en el Parlament. Si los acontecimientos sucedieran como se han descrito, los legitimistas estarían encantados y se verían reforzados para proponer otro candidato también con causa penal pendiente, pero en situación de libertad provisional. Y así podríamos llegar al vencimiento del plazo de dos meses y aventurarnos en nuevas elecciones. Vamos a ver cuál es el desenlace del enredo.

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