El embargo a etarras, una cuestión jamás resuelta y que amenaza a la nueva estrategia de la izquierda abertzale

Una imagen del exterior de la Audiencia Nacional./EL CORREO
Una imagen del exterior de la Audiencia Nacional. / EL CORREO

Los propios terroristas han utilizado en el pasado estrategias para ocultar sus bienes y en los 90, la oposición del PNV, paralizó los intentos de la AVT para incautar bienes a terroristas

ÓSCAR B. DE OTÁLORA

El embargo de bienes a miembros de ETA para que hagan frente a las deudas que tienen con las víctimas es una de las cuestiones pendientes del sistema judicial a lo largo de la historia reciente. Los distintos intentos para que los etarras indemnicen a los afectados por sus atentados se han visto frenados en el pasado, bien por estrategias de los propios terroristas, bien por el conflicto político que se ha abierto cada vez que se ha intentado. El hecho de que la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, haya iniciado la incautación de bienes de 10 históricos miembros de la banda y 40 condenados por violencia callejera no tiene precedentes.

Pero esta iniciativa, además, pone en peligro la intención de la izquierda abertzale de buscar trabajo a miembros de la banda al abandonar la cárcel y rebajar así la tensión que existe entre los presos y sus familiares ante la falta de resultados de Sortu con respecto a la situación de las cárceles. Hace una semana, precisamente, la asociación de apoyo a presos etarras Harrera aseguró que ya ha conseguido trabajo para 22 antiguos terroristas.

Hasta ahora, una de las formas habituales de actuación de los activistas de la banda arrestados era cambiar la titularidad de sus bienes antes de que se produjera el juicio. De esa forma, cuando se hacía efectiva la sentencia se podían declarar insolventes en el caso de ser condenados y de esa forma evitar cualquier reclamación económica. Pese a que esta práctica podría ser considerada un delito de alzamiento de bienes, no se conocen casos en los que los jueces hayan abierto un procedimiento contra ellos. En los casos de terroristas que ya habían cumplido la condena y salían en libertad, pero con la deuda pendiente, se ha investigado en ocasiones sus nóminas si habían conseguido acceder a un puesto de trabajo. Según fuentes conocedoras de estas investigaciones, las fuerzas de seguridad sospecharon de la existencia de pagos en negro para evitar la acción de la justicia.

Protestas de Arzalluz

Las indemnizaciones de los terroristas también generaron una fuerte polémica en 1993, cuando la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) intentó que dos terroristas que se habían acogido a las vías de reinserción y conseguido el tercer grado penitenciario hicieran frente a las deudas económicas que tenían pendientes con las víctimas. En esa ocasión, el PNV rechazó con contundencia estas exigencias de las víctimas con el argumento de que afectaría a los pasos dados por los etarras que habían decidido alejarse de la banda. La polémica política paralizó los movimientos.

En 1995 la polémica volvió repetirse cuando la AVT exigió el embargo de bienes a nueve miembros de ETA que habían conseguido trabajo tras abandonar la prisión. En este caso se trataba de 'poli milis' que incluso habían entrado a trabajar en el Gobierno vasco ya que habían sido indultados entre 1986 -fecha de la desaparición de los 'pm'- y 1990. El propio presidente del PNV Xabier Arzalluz rechazó con fuerza esta medida y se opuso en público a que etarras reinsertados tuvieran que hacer frente a las indemnizaciones.

En ese momento se produjo un cambio de actuación en el Ministerio de Interior -dirigido por el socialista Juan Alberto Belloch-, que comenzó a indemnizar a las víctimas con partidas de sus propios presupuestos. La intención del Ministerio era adelantar el dinero y más tarde cobrárselo a los etarras, aunque esta acción no se llegó a producir. Sin embargo, la polémica comenzó a bajar de tono. De forma paralela, algunos casos aislados de la denominada 'vía Nanclares' de reinserción comenzaron a pagar dinero a sus víctimas.

El caso Baglietto

En 2006 se produciría un embargo simbólico de un etarra, forzado por la presión mediática del caso. La Audiencia Nacional se incautó de los bienes del exmiembro de ETA Kandido Aspiazu, que había abierto una cristalería en el mismo edificio en el que vivía Pilar Elías, la viuda de Ramón Baglietto. Este militante de UCD había sido asesinado por el propio Aspiazu en 1980 y tras salir de la cárcel acudió a vivir a su antigua casa, en la planta baja de la residencia de Pilar Elías. Baglietto, además, había salvado la vida a Aspiazu cuando era niño, al evitar que le atropellase un camión. En este caso, la Audiencia Nacional sí requisó los bienes de Aspiazu para que hiciera frente a las deudas con sus víctimas.

Los embargos iniciados el jueves suponen volver a poner en marcha esta vía para indemnizar a las víctimas. La estrategia se ajusta a la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de entender que la disolución de ETA no supondrá ninguna ventaja para los terroristas y se mantendrá la presión judicial y policial sobre los restos de la banda y sus antiguos miembros.

Esta presión afecta de lleno a la estrategia de la izquierda abertzale de buscar trabajo para los miembros de ETA que han salido de la cárcel. Harrera, la asociación que se encarga de estas tareas, afirmó hace cinco días que ha conseguido trabajo para 22 exreclusos, nueve de ellos, con un empleo fijo. Esta asociación busca aliviar la situación de los reclusos de la banda, uno de los flancos más delicados de Sortu y que lastra gran parte de su actividad política.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos