«La desproporción y sinrazón del 'caso Alsasua' son inaceptables»

Como ya hicieran la pasada semana en las Juntas Generales de Bizkaia, PNV, EH Bildu y Podemos (en el caso de la capital vizcaína las plataformas locales Udalberri y Goazen Bilbao) acordaron un texto en el que mostraron su «más rotunda discrepancia» con la petición del Ministerio Público para los ocho detenidos por el incidente que tuvo lugar en la localidad navarra el pasado 15 de octubre. Ni PSE -socio de gobierno del PNV- ni PP apoyaron el texto, como tampoco lo han hecho en las diferentes instituciones donde se ha presentado con anterioridad.

Los partidos firmantes manifiestan en la moción su «gran preocupación por el devenir de los acontecimientos», que «ha llegado a un nivel de desproporción y sinrazón inaceptables». Aseguran estar «comprometidos» con la «convivencia, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas». Y, en ese sentido, estiman que la actuación de las autoridades judiciales «es contraria a la normalidad y convivencia democráticas».

Los cuatro grupos municipales que suscriben la declaración reclaman, por último, que el caso no sea instruido y juzgado en la Audiencia Nacional y que regrese a la Audiencia Provincial de Navarra, que en su día estableció la «no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados de terrorismo».

La Fiscalía presentó el pasado 4 de julio en la Audiencia Nacional su escrito de acusación, en el que considera que el ataque de Alsasua se encuadra dentro de una campaña que busca crear un clima social de «miedo y rechazo» contra la Guardia Civil y la Policía Nacional para lograr su expulsión del País Vasco y Navarra. Por ello pide para los implicados en la paliza a los agentes y sus parejas un pena global de 375 años de cárcel.

En concreto, imputa a Ohian Arnanz, de 21 años, cuatro delitos de lesiones terroristas, penado cada uno de ellos con 12 años y medio de prisión según la reforma del Códio Penal de 2015 prevista para combatir el yihadismo, y otro de amenazas terroristas, castigado con la misma pena. En total, 62 años y medio de prisión. A otros seis procesos, de edades comprendidas entre los 20 y 31 años, les reclama 50 años de cárcel a cada uno por cuatro delitos de lesiones terroristas. Y a una octava implicada le pide 12,5 años de prisión por un delito de amenazas terroristas.