Desestiman la causa penal contra el director de Presupuestos del Gobierno vasco

Hernando Lacalle./
Hernando Lacalle.

La Audiencia de Álava cree que no hay «indicios bastantes» para juzgar a Hernando Lacalle por prevaricación, aunque critica su «despreocupada gestión del dinero público»

Koldo Domínguez
KOLDO DOMÍNGUEZ

El actual director de Presupuestos del Gobierno vasco, Hernando Lacalle, no deberá sentarse en el banquillo por el ‘caso Denokinn’. Ni él, ni Arantza Zenarruzabeitia, exdiputada alavesa de Promoción Económica. Ambos habían sido acusados por la Fiscalía de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos cuando estaban al frente de ese departamento foral -Lacalle como director-. Según la tesis que defendía el Ministerio Público, habían contratado a dedo a una asociación vinculada al PNV -Denokinn- para poner en marcha un proyecto de impulso empresarial en el territorio. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Álava ha acordado sobreseer la causa penal contra ellos al constatar que las acusaciones penales «no tienen base» y «no hay indicios bastantes» de los delitos imputados.

El tribunal sí apunta que la «despreocupada gestión del dinero público» en la que pudieron incurrir ambos cargos «podría dar lugar a otra clase de responsabilidades». Y apunta la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas les abra un procedimiento por posibles irregularidades «contables».

La Fiscalía consideraba que habían contratado a dedo a una firma vinculada con el PNV para crear un proyecto empresarial

Sobre la acusación de prevaricación, la Fiscalía apuntaba en su denuncia que los dos investigados firmaron un convenio de colaboración con Denokinn a sabiendas de que vulneraba la norma foral que regula la concesión de subvenciones. Pero la Audiencia entiende que la Diputación de Álava no le concedió a esa asociación una subvención, sino que «recibió el dinero a cambio de una contraprestación» detallada en un convenio. «Y un contrato no puede vulnerar una norma que regula las subvenciones», defienden los jueces, por lo que consideran que la acusación de prevaricación «no resulta debidamente justificada».

Tampoco aprecia que Lacalle y Zenarruzabeitia cometieran un delito de malversación de caudales públicos. Los jueces aseguran que Denokinn, «según parece, cumplió con las actividades» para las que fue contratado, por lo que «no hay indicios claros de ‘sustracción’» de fondos de la Diputación. El Ministerio Público defendía que ambos habían «realizado pagos sin comprobaciones previas». Por ejemplo, el uso del dinero en un proyecto en Bizkaia. El tribunal, en cambio, afirma en el auto que las pruebas demuestran que los «trabajos se hicieron y se documentaron» y la Diputación «consideró que satisfacían lo estipulado y pagó». «Sin duda hay indicios de que era escaso el control sobre en qué gastaba Denokinn el dinero recibido. Pero el abono no estaba ligado a la acreditación de los costes de las tareas encomendadas, sino vinculado a su efectiva realización», matiza.

Críticas al Ministerio Público

En su resolución, contra la que no cabe recurso, los magistrados se muestran muy críticos con la labor desempeñada tanto por la jueza instructora del caso -le achacan una «defectuosa redacción del auto»-, como por la Fiscalía y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, institución que en un primer momento destapó el caso. A ambos les achaca que, si entendían que se había malversado dinero público, deberían haber perseguido a los que en teoría se beneficiaron de esos fondos.

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