La Policía Local de Vitoria irrumpe en el acto de la CUP prohibido por la Justicia

La portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, abandona el salón de actos, donde ha irrumplido la Policía Local de Vitoria.
La portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, abandona el salón de actos, donde ha irrumplido la Policía Local de Vitoria. / Iosu Onandia

Los convocantes han continuado en el exterior del local con el acto tras ser desalojados por los agentes locales

Salvador Arroyo
SALVADOR ARROYO

La diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha tenido que terminar antes de lo previsto este viernes en Vitoria el que era su primer acto fuera de Cataluña en apoyo del referendum ilegal del 1 de octubre, dentro de la campaña en favor del ‘sí’ que ha arrancado esta madrugada. La cancelación ha llegado cuando ya llevaba alrededor de 45 minutos hablando ante el abarrotado auditorio del centro cívico Aldabe, de titularidad municipal y ubicado en el entorno del Casco Viejo vitoriano, media docena de agentes de la Policía Local, en cumplimiento de un mandato judicial, han irrumpido en la sala entre el abucheo de muchos de los asistentes, que han lanzado gritos en favor de la independencia (en euskera) y contra el PNV.

El acto se desarrollaba en un escenario decorado con la Estelada –la bandera de los independentistas catalanes–. Sobre él, sentados en butacas, Gabriel y dos entrevistadores, integrantes de la plataforma organizadora AsCatasunera –constituida recientemente para apoyar el proceso catalán–. Iba a durar en torno a hora y media. La suspensión se ha hecho efectiva antes de la fase final, la de la interpelación del público.

La prohibición judicial

«No vamos a regalarles la imagen de tensión que quieren provocar», ha lanzado la portavoz de la CUP nada más ser informada de la necesidad de suspender –posteriormente sería identificada por un agente de la Policía Local–. A continuación, ha pedido salir a la calle para forzar otra instantánea: la de decenas de personas sosteniendo la papeleta del referéndum de autodeterminación. «Pueden ilegalizar un acto, pero no pueden ilegalizar a todo un pueblo. El 1 de octubre votaremos», ha dicho ya como mensaje final en el exterior, en la pequeña plaza situada frente al centro cívico. En las proximidades, eran visibles cinco vehículos policiales.

La suspensión del acto que protagonizaba el partido antisistema, con diez escaños en el Parlament y que conforma el bloque independentista junto a Junts Pel Sí y ERC, se producía a las 12.15 horas. La resolución judicial, que estimaba las medidas cautelares reclamadas la víspera por la Delegación del Gobierno en el País Vasco, se conocía en torno a las 11.12 horas, cuando Gabriel aún no había accedido al interior del recinto y estaba atendiendo a los medios de comunicación.

La Delegación del Gobierno, a través de las redes sociales, anunciaba que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria suspendía «la autorización de cesión de local municipal». Gabriel, a preguntas de los periodistas, ha dicho desconocer la decisión y ha añadido que seguiría con el programa previsto. Durante esa breve comparecencia se ha referido también a los reparos del lehendakari, Iñigo Urkullo, en relación con el ‘procés’. «Es paradójico que se ponga el foco sobre las garantías que va a tener el referéndum con las dificultades que está imponiendo el Estado y que no se aproveche la ocasión para hacer una denuncia pública expresa y contundente sobre el papel que está jugando el Estado español. No nos jugamos la independencia de Cataluña –añadía–, nos jugamos derechos fundamentales como el de reunión, la libertad de expresión y de participación política».

El auto judicial, según fuentes municipales, ha llegado al Ayuntamiento con la conferencia ya iniciada. La Policía accedió por la planta superior del centro en lugar de hacerlo directamente por la puerta principal al teatro en el que se desarrolló el acto político. Estaba taponada por el público. Hasta la intervención policial Anna Gabriel había hecho un repaso de los orígenes de la CUP, su ascenso electoral, se había referido a diferentes movimientos sociales, al papel de la mujer en la lucha política y a la situación relativa al referéndum catalán convocado para el 1-O. Entre abucheos, un policía se acercó hasta las primeras filas y, tras unas palabras con los organizadores, se optó por la cancelación.

El tiempo transcurrido entre la decisión judicial y la suspensión del acto por parte de la policía generó críticas inmediatas desde las filas del PP. Su presidente en Álava, Iñaki Oyarzábal, acusó al alcalde de Vitoria, el penuvista Gorka Urtaran, de «mirar para otro lado» porque, a su juicio, permitó la celebración de la conferencia. «Urtaran ha preferido mirar para otro lado y escudarse en formalismos. Ha preferido esconderse en un despacho hasta las once y media (para así no tener que impedir el acto)», ha asegurado.

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