A toda costa

El expresident cometió en su mandato gravísimos errores al conducir al independentismo por la vía de la unilateralidad a un callejón sin salida. Erró de nuevo el 26 de octubre cuando le faltó la valentía exigible a un líder político bien para convocar las elecciones autonómicas, evitando así la DUI y la aplicación del 155, bien para dimitir y renunciar a su cargo de president a la vista de la presión a la que le sometieron. Tras los excelentes resultados del 21-D, la trayectoria errática persiste al situar la resolución del problema que tiene con la Justicia española como condición ‘sine qua non’ para poder abordar el conflicto con el Estado. Pero este juicio político no destruye los derechos del diputado, mientras su situación procesal no pase a una fase distinta en la que puedan quedar suspendidos.

Como diputado es titular de los derechos parlamentarios y, entre ellos, ser candidato para la Presidencia de la Generalitat. Tampoco su situación procesal ha limitado este derecho, aunque exista una orden de detención para ser llevado ante el juez Llarena, quien, en tal caso, a buen seguro, vistos los antecedentes, decretará la prisión provisional. Pero tampoco esta situación de preso preventivo enervaría su derecho a postularse como candidato. Es más, si superase la investidura nada hay en su situación procesal que le impida al Rey firmar su nombramiento. Esto sí que es demasiado para el Monarca y para el Gobierno.

Por eso Rajoy está dispuesto a impedir a toda costa que se celebre el martes el debate de investidura con Puigdemont como candidato. El argumento dado por Sáenz de Santamaría para justificar la decisión del Gobierno de recurrir al Constitucional es alucinante en términos jurídicos. Decir que «el estatus jurídico actual de Puigdemont es incompatible con su comparecencia en la Cámara», por tanto, «no podría asistir a la sesión de investidura», nada tiene que ver con la realidad de la situación jurídica de este diputado.

Si Puigdemont regresara a Cataluña, debería hacerlo ya, sería el juez instructor y no el TC, quien tendría que establecer las medidas para que el candidato pudiera estar presente en la investidura. El Gobierno de Rajoy sabe que su decisión es una fabricación exnovo de la figura del ‘recurso preventivo’, negada hace muy pocos días por ser indefendible, cuya finalidad nada tiene con la aplicación de la ley, sino con la necesidad perentoria de evitar a toda costa una investidura con Puigdemont, como candidato, con los efectos que ello tendría a nivel interno e internacional, particularmente si el president investido acto seguido fuese esposado y conducido a prisión. Por eso, Puigdemont debería regresar de inmediato para exigir su derecho a estar presente en la investidura, que el TC no podría impedir y el juez Llarena se vería obligado a autorizar. A partir de ahí debería abrirse el tiempo del diálogo tanto sobre el desbloqueo de la situación política como de la negociación de la solución procesal de los imputados. El escenario necesario para abordar la reconciliación entre catalanes al que aludía Iceta en campaña.